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11:51h. lunes, 06 de diciembre de 2021

La Audiencia Provincial envía a prisión a dos exconcejales y una funcionaria de Santa Cruz por corrupción.

El Tribunal condena a tres años de cárcel a Manuel Parejo y Loreto Ariz y a dos años y tres meses a Norberto Plasencia por las obras del mamotreto / Ordena derribar el edificio a cargo del bolsillo de los procesados pero abre la puerta a la legalización en el planeamiento de una parte de lo construido

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David Cuesta/mírame tv.- La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a tres exconcejales y tres funcionarios del Ayuntamiento capitalino a penas de prisión e inhabilitación especial por la construcción del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, conocido popularmente como mamotreto. De ellos, los exediles Manuel Parejo y Norberto Plasencia, ambos de Coalición Canaria, así como la arquitecta municipal Loreto Ariz, entrarán en la cárcel al superar penas de dos años.

El Tribunal ordena también el derribo de todo lo construido y obliga a pagar el coste de la demolición a las seis personas a las que considera, ya de forma firme, culpables de delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. La sentencia, en este aspecto, da un paso atrás en relación al fallo de primera instancia, ya que abre la puerta a que el Consistorio legalice en el planeamiento de la zona la parte de la obra que no ocupa servidumbre de protección. Estas son las penas:

Manuel Parejo: Exconcejal de Urbanismo. Tres años de prisión y 15 años de inhabilitación especial por dos delitos de prevaricación urbanística y uno contra la ordenación del territorio.

Norberto Plasencia: Exconcejal de Obras Públicas. Dos años y tres meses de prisión y 15 años de inhabilitación especial por dos delitos de prevaricación urbanística y uno contra la ordenación del territorio.

José Domínguez Pastor: Exconcejal de Obras Públicas. Un año y seis meses de prisión y 15 años de inhabilitación especial por dos delitos de prevaricación urbanística y uno contra la ordenación del territorio.

Loreto Ariz: Arquitecta municipal. Tres años de prisión y 15 años de inhabilitación especial por dos delitos de prevaricación urbanística y uno contra la ordenación del territorio.

Epifanio Gómez: Técnico municipal, ya jubilado. Un año y seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación urbanística y otro contra la ordenación del territorio.

Candelaria Benítez: Abogada municipal. Un año de prisión y ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación urbanística y otro contra la ordenación del territorio.

La sentencia de la Audiencia Provincial marca un antes y un después en la historia política de la capital tinerfeña al tratarse de la primera resolución firme por corrupción urbanística. El tribunal mantiene la totalidad de las penas dictadas por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz, con la excepción del técnico municipal Epifanio Gómez, ya jubilado, al que le rebaja de 15 a ocho los años de inhabilitación especial. El fallo envía directamente a prisión a dos de los hombres de máxima confianza del exalcalde Miguel Zerolo, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, que durante muchos años mantuvieron importantes responsabilidades públicas en el Ayuntamiento capitalino, junto a una pieza clave en la Gerencia de Urbanismo, la arquitecta municipal Loreto Ariz.

La resolución judicial ordena también "la demolición total de la obra", y llega a aseverar que "no es necesario reiterar la grosera ilegalidad" de los trabajos ejecutados. Pero después de una larga exposición, e incluso tras reconocer que la decisión de la juez de instancia es "correcta y consecuencia necesaria de la gravedad de la lesión al bien jurídico protegido", la Audiencia abre una puerta a la legalización de la parte del mamotreto que no ocupa suelo catalogado como servidumbre de protección, es decir, un total de 4.000 metros cuadrados en la planta sótano y 5.960 metros del nivel superior.

El fallo invoca a una posibilidad "excepcional" de salvar gran parte de lo construido a través de una modificación del planeamiento de la zona en el marco de un nuevo proyecto que tendría que ajustarse a la legalidad vigente. Este apartado, en el que se contradice la doctrina autorizada que habla de que este tipo de condenas son las que provocan "mayor fuerza de prevención general", permite al Consistorio capitalino incorporar la parte del edificio que no ocupa servidumbre de protección al plan especial de la zona que se tramita en estos momentos. Fuentes de Urbanismo consultadas apuntan a que se van a estudiar todas las vías, especialmente las dudas técnicas sobre si arquitectónicamente se puede derribar una parte sin perjudicar al resto de la estructura, aunque en principio se trabaja en la demolición total de la edificación.  

Reprimenda a Eligio Hernández

También dedica la Audiencia un párrafo a contestar a la actitud expresada por el abogado de dos de los condenados, el exfiscal general del Estado Eligio Hernández, que tanto en su recurso como durante el juicio y en declaraciones públicas posteriores arremetió contra el criterio jurídico de la titular del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Méndez. El letrado asegura en su escrito contra la primera sentencia que la argumentación de la juez "raya en la negligencia o ignorancia inexcusable", entre otras líneas críticas con su actuación.

El Tribunal considera que las palabras de Eligio Hernández son "descalificaciones gravísimas" al suponer "la atribución de una conducta delictiva" sin amparo en el derecho de defensa e "impropias del discurso exigible a un letrado en su ejercicio profesional". La Audiencia informa en la sentencia de la remisión "a la comisión disciplinaria del Colegio de Abogados" para que adopte las medidas que estime oportunas, sin perjuicio "de las acciones que pudieran corresponder a la magistrada destinataria de tales afirmaciones".