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06:14h. Lunes, 06 de abril de 2020

Carmen Hernández defiende las propuestas de resolución a la estrategia contra la pobreza del Ejecutivo canario

La diputada nacionalista argumenta el carácter extraordinario y urgente de las medidas planteadas desde NC

Carmen Rosa Hernandez Jorge
Carmen Rosa Hernandez Jorge

La diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández defendió hoy las propuestas de resolución a la estrategia contra la pobreza del Gobierno de CC y el PSOE. La portavoz nacionalista en materia social y de empleo argumentó el carácter extraordinario y urgente de las medidas planteadas por Nueva Canarias destinadas a prevenir situaciones de exclusión social o paliar su impacto en los colectivos más vulnerables.

Hernández afirmó que, "el plan debe conllevar un esfuerzo financiero adicional a lo contemplado en los presupuestos canarios ya aprobados, que “además sorprendentemente” se han reducido en estos dos años de legislatura, a pesar del crecimiento de la pobreza".

Además de este plan de choque urgente, según Hernández, hace falta modificar la política económica de austeridad del  Gobierno estatal y canario, que ha conllevado la reducción, entre otras, de las partidas dedicadas a las políticas sociales públicas, implementando medidas de estímulo y de dinamización económica que permitan combatir la destrucción de empleo y faciliten su creación.

Tras estas puntualizaciones de carácter general, Carmen Hernández expuso las mencionadas propuestas:

1.- El Parlamento de Canarias ve carencias en el documento presentado por el Gobierno denominado “Estrategia Canaria frente al pobreza, la exclusión social y a favor del desarrollo humano 2013-2015”,  por varias razones. En primer lugar, por la insuficiente ficha financiera adicional que contempla para las medidas que tendrían algún impacto paliativo contra la pobreza.

En segundo lugar, porque incluye nominalmente partidas económicas, por cierto las más significativas, en conceptos que nada tienen que ver con un Plan de Choque contra la Pobreza, como las expuestas en el apartado 1.1 dedicado a “medidas de desarrollo empresarial”, a cargo de unos complejos, y todavía inaplicados en las Islas, instrumentos financieros para la innovación y el desarrollo de la I+D (fondos Jeremie-Feder, parques tecnológicos de Canarias financiados por el Estado, etc). Igualmente, la cantidad consignada en la medida “acceso a la vivienda familias con escasos recursos” para el año 2013 (16 millones de euros) es una partida existente en todos los Presupuestos de la CAC y forma parte del tradicional fomento del parque de viviendas públicas.

La última razón, es que este documento no se ha consensuado con las corporaciones locales con competencias en políticas sociales así como con organizaciones no gubernamentales y entidades sociales y profesionales que trabajan con los sectores más vulnerables.

2.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a actuar de manera urgente para garantizar las condiciones básicas de dignidad y ciudadanía a todas las personas y familias, con especial atención a aquellas que, por la situación de crisis, no pueden mantener las condiciones mínimas vitales, y a prevenir situaciones de exclusión social que amenazan actualmente a miles de canarios mediante la puesta en marcha de un Plan de Choque contra la Pobreza y la Exclusión Social con 2 ejes fundamentales:

A.- Medidas urgentes de Protección Social Básica:

Fortalecimiento del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, reponiendo los recortes sufridos en los últimos ejercicios presupuestarios que permitan mantener la red de servicios sociales básicos territorializados de las entidades locales.

- Incremento de las ayudas de emergencia social a ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales para atender las necesidades básicas a personas y familias.

- Puesta en marcha de un Plan de Empleo Social destinado a generar empleo directamente desde el Gobierno de Canarias en colaboración con otras administraciones públicas.

- Crear una partida para garantizar Becas de Comedor que incluya tres comidas diarias de todos los niños y niñas de familias sin recursos.

B.- Cambios normativos urgentes y estricto cumplimiento de la legislación que garantice estos objetivos:

- Modificación de la Ley 1/2007: de la Prestación Canaria de Inserción: en la línea de ampliar los colectivos beneficiarios y de agilizar y acortar los trámites de repuesta a los ciudadanos.

- Cambio de la actual Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias.

- Cumplimiento y aplicación diligente de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de Dependencia.

Fondo de Emergencia Social

 El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a poner en marcha un Fondo de Emergencia Social, en las mismas condiciones del Plan Canario de Emergencia Social Municipal, que financió el Gobierno canario hasta el año 2010 para que los ayuntamientos puedan atender la creciente demanda de cobertura de  necesidades básicas (alimentos para las familias necesitadas, pago de agua y luz de hogares,  pago de alquileres, etc). Este Fondo debería estar dotado con una aportación desde el Gobierno  canario de 30 millones de euros entre el año 2013 al 2015, lo que significa 10 millones anuales. Además debe ser elaborado en coordinación con los cabildos y los ayuntamientos.

Plan de Empleo Social

El Parlamento de Canarias valora la puesta en marcha del  Plan de Empleo Social destinado a generar empleo directa y transitoriamente desde el Gobierno de Canarias en colaboración con otras administraciones públicas. No obstante, al ser las políticas de empleo competencia del Gobierno canario, el Parlamento insta al Ejecutivo a que su aportación dineraria a este Plan de Empleo sea de dos tercios del mismo y un tercio los ayuntamientos. De esta forma, de los 75 millones del Plan de Empleo Social entre los años 2013 al 2015 el Gobierno aportaría 50 millones y 25 millones los ayuntamientos.

Así mismo, el Parlamento de Canarias también insta al Gobierno de Canarias a que solicite del Gobierno del Estado la transferencia de fondos adicionales dedicados a apoyar este Plan de Empleo Social, así como a favorecer las políticas de empleo en Canarias, dadas las tasas de paro y pobrezas existentes en las Islas.

Modificaciones de la PCI

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a incrementar de forma significativa la cantidad dedicada a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en el periodo 2013-2015 de forma que para este último año la partida se haya duplicado respecto a lo actualmente presupuestado, alcanzando los 40 millones de euros.

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a reponer en este año 2013 y los siguientes la transferencia a los ayuntamientos de 4,6 millones de euros dedicada a la gestión municipal de la Prestación Canaria de Inserción, que fue reducida en los Presupuestos de la CAC de este año a 2 millones de euros. Si los ayuntamientos no tienen personal suficiente para tramitar la PCI las solicitudes no llegan en tiempo y forma al Departamento del Gobierno responsable de concederlas.

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a modificar de forma urgente la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la PCI, con el objeto de:

  • Ampliar el colectivo  destinatario de la misma a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y estén en riesgo de exclusión social.
  • Garantizar el acceso rápido y efectivo a la ayuda que supone la PCI a las personas que lo solicitan, estableciendo por Ley un plazo de dos meses para resolver las solicitudes desde su recepción por parte de Departamento del Gobierno.
  • Simplificar procedimientos y acortar tiempos de respuesta, mejorando la aplicación informática empleada para su tramitación y gestión.

Atención a la infancia:

6.- El Parlamento de Canarias, califica como insuficiente y simplificador,  reducir la atención a la infancia en situación de pobreza y exclusión social a la apertura de comedores escolares en verano.

Por ello, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:

  • Reforzar y proteger el gasto público en todos los ámbitos que afectan a la infancia: salud, educación, atendiendo a las recomendaciones de Unicef.
  • Garantizar la financiación suficiente para los programas de Infancia y Familia, dando cobertura a las necesidades de nuevos equipos de riesgo en aquellos municipios donde se supere la ratio establecida en la normativa.
  • Mejorar la coordinación, eficacia y la coherencia en todas las administraciones que trabajan en el ámbito de la infancia y la familia
  • Crear una partida para garantizar becas de comedor a todos los niños y niñas de familias sin recursos que contemple el desayuno, almuerzo y merienda durante todo el curso escolar.
  • Poner en marcha del II Plan Canario de Infancia y Familia.

 

Dependencia y ayuda a domicilio

7.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:

- Financiar los servicios de ayuda a domicilio a personas dependientes con una aportación del Gobierno de Canarias de 5 millones de euros cada año, lo que supondrá  15 millones en el periodo 2013 a 2015, a través de transferencia a los ayuntamientos y conveniado con la FECAM. Esta medida, por un lado, ayuda a mantener la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia frente a la disminución de la aportación estatal  al sistema de atención a la dependencia y, por otro, permite generar empleo en el ámbito del cuidado de las personas.

- Implementar con carácter urgente medidas que mejoren la aplicación de la Ley 39/2006 de Dependencia, especialmente para lograr que las 12.808 personas dependientes que en Canarias, a 31 de diciembre de 2012, tienen reconocido el derecho a recibir una prestación efectivamente la perciban.

- Garantizar la tasa de reposición del número de personas beneficiarias de la Ley 39/2006, así como el acceso inmediato al derecho, prestación o servicio, cuando no exista plaza en residencia.

-  Introducir las mejoras necesarias en la gestión por parte de la Consejería de Políticas Sociales para que se cumpla el plazo de 6 meses establecido legalmente entre la fecha de solicitud de una prestación de la Ley 39/2006 de la Dependencia y la resolución al beneficiario o, al menos, para que se acorte significativamente el plazo de 19 meses que según reconoce la propia Consejería se tarda en la actualidad y ha denunciado recientemente el Diputado del Común.

El Parlamento de Canarias también insta al Gobierno de Canarias a que a su vez inste al Gobierno del Estado a rectificar los recortes presupuestarios y de derechos en relación a la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, especialmente los que establece el Real Decreto–ley 20/2012, de 13 de Julio, recortes que suponen una importante reducción de la financiación por parte de la Administración General del Estado al sistema canario de atención a la dependencia.

 

Vivienda

8.- El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a agilizar la presentación del Proyecto de Ley de modificación de  la Ley 2/2003 de Vivienda de Canarias, comprometido por el Presidente en sede parlamentaria,  para evitar el desalojo de sus viviendas de familias que no pueden abonar sus hipotecas por condiciones económicas sobrevenida,  así como para adoptar medidas que movilicen el parque de viviendas vacías que tienen las entidades financieras y sociedades de gestión de activos poniéndolas al alcance de las familias necesitadas de un techo donde vivir.

Además, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a fomentar la vivienda en alquiler social, negociando con las entidades financieras el excedente de viviendas vacías que tienen en estos momentos; a promover ayudas para el alquiler para las familias en riesgo de exclusión social y a la adjudicación inmediata de las viviendas que Visocan mantiene construidas y sin ocupar.

Por último, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que, a través del  Departamento de políticas sociales o de vivienda, medie con las entidades financieras para paralizar los expedientes de desahucios, hasta que sea modificada la legislación vigente.