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jueves, 25 de abril de 2024 21:02h.

Jerez pide la firma “urgente” de los convenios de dependencia entre Gobierno regional y cabildos

La portavoz socialista de Asuntos Sociales alerta de que solo en Tenerife son 37 los centros de atención a la dependencia que no han recibido fondos, afectando a más de 2.000 beneficiarios

 Rosa Jerez.-Portavoz socialista de Asuntos Sociales.-foto de gomeranoticias.com.
Rosa Jerez.-Portavoz socialista de Asuntos Sociales.-foto de gomeranoticias.com.

La portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Guadalupe Jerez, reclamó esta tarde al Gobierno de Canarias que agilice la firma de los convenios de dependencia con los cabildos para que las entidades del tercer sector dedicadas a esta labor “puedan seguir desempeñando su labor de atención a las personas dependientes con normalidad”.

La diputada avisó de que solo en Tenerife son 37 los centros afectados, “organizaciones que prestan sus servicios a alrededor de 2.000 personas”. “Si no reciben sus subvenciones, muchas de ellas tendrán que cerrar sus puertas”, aseguró Jerez.
 
La responsable de Asuntos Sociales instó a firmar estos acuerdos “con urgencia”, pues a su juicio “las personas con una discapacidad no pueden dejar de ser atendidas”. “La dependencia no conoce de enfrentamientos entre instituciones, ni de trámites administrativos”, apuntó. Según Jerez, “el presupuesto fue aprobado en diciembre y el Gobierno tenía el mandato de que los convenios se firmaran en el primer trimestre del año”, algo que según explicó “no se ha producido” y que está llevando “al estrangulamiento financiero de estas entidades sin ánimo de lucro”.
 
Rosa Guadalupe Jerez hizo hincapié, además, en que los recortes que sufren los centros de atención a dependientes “afectan también a sus trabajadores y a los familiares de los usuarios”, ya que como apuntó la diputada “si un centro cierra, sus beneficiarios se quedan en casa y eso supondrá en muchos casos que al menos una persona tenga que dejar de trabajar en cada hogar”. “Tenemos que entender que estos retrasos tienen una incidencia directa sobre estas personas; las administraciones no pueden fallar a los ciudadanos, menos a los que están en una situación más vulnerable”, concluyó.