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20:17h. viernes, 20 de mayo de 2022

NC promueve iniciativas contra la subida de las tasas judiciales

Román Rodríguez e Inés Jiménez denuncian que peligra el derecho de las personas a la tutela judicial y que se establece "una justicia para ricos y otra para pobres"

Nueva Canarias (NC) ha promovido sendas iniciativas en el Parlamento canario y en el Cabildo de Gran Canaria contra la subida de las tasas judiciales. El portavoz parlamentario Román Rodríguez y la portavoz suplente en la institución insular, Inés Jiménez, denunciaron que, con la medida adoptada por el Gobierno estatal del Partido Popular (PP), se pone en peligro el derecho de las personas a la tutela judicial además de crearse una justicia "para los ricos y otra para los pobres".

La nueva ley reguladora de las tasas en la Administración de Justicia y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha entrado hoy en vigor aunque no se ha podido poner en marcha ante la falta de los correspondientes impresos. Con esta norma, tal y como apreciaron Rodríguez y Jiménez, se produce un incremento generalizado de las tasas a pagar para resolver los conflictos en el ámbito judicial. Sólo las personas muy pobres y las familias que no superen los 12.780 euros de ingresos anuales se libran de este nuevo gravamen, tal y como manifestaron los dos portavoces de NC.

Román Rodríguez declaró que esta decisión del Ministerio de Justicia implica el establecimiento de "una justicia para los ricos y otra para los pobres". Pero además, continuó, las consecuencias de esta medida se agravan en Canarias, donde la tasa de desempleo es del 34% y los sueldos son, junto con Extremadura, los más bajos de todo el Estado.

Inés Jiménez aseguró que muchas personas y familias canarias se quedarán desprotegidas ya que se complica el acceso a la justicia, "cuando no se hace inaccesible", recalcó. Una situación que supone un "clara vulneración" del derecho de todo canario a la tutela judicial efectiva, como recoge la Constitución.

Las dos iniciativas presentadas por NC solicitan al Parlamento y al Cabildo de Gran Canaria que muestren su rechazo al aumento de estas tasas y reclaman al Ejecutivo estatal del PP que modifique la ley al considerar que se pone en peligro el cumplimiento de un derecho constitucional.