Nueva Canarias (NC) ha vuelto a registrar la proposición de ley para la creación de una tasa turística, perfeccionada. El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, informó que las mejoras introducidas van destinadas a explicitar el destino “finalista” de los ingresos. El fomento de la renovación de las infraestructuras turísticas públicas, el impulso del turismo sostenible, la preservación y recuperación de los recursos naturales y culturales y el mantenimiento del  paisaje agrario son las cuatro grandes áreas en las que se invertirá la recaudación extra obtenida. Los nacionalistas de izquierdas valoran el aumento de las adhesiones en el Parlamento y el comportamiento “positivo” de este tributo en Cataluña y Baleares.   

En la pasada Legislatura en febrero de 2015, los dos diputados NC (Carmen Hernández y Román Rodríguez) presentaron una proposición de ley similar que, “ni siquiera pudo ser debatida”, tal y como recordó el portavoz, por los votos en contra a su toma en consideración de los socios gubernamentales de CC y PSOE y el principal grupo de la oposición, el PP.

Tras el cambio de opinión de los socialistas, “que han pasado a defenderla ahora” que están en la oposición, la propuesta legislativa de NC ha ganado adhesiones hasta llegar a los 27 escaños, pertenecientes al PSOE, Podemos y del grupo de la izquierda nacionalista.

Este aumento progresivo de apoyos, y a la espera de lo que opine CC y ASG, entre cuyos miembros hay voces que observan con simpatía esta medida; es lo que ha decidido a NC, según Román Rodríguez, a volver a defender la creación de un impuesto propio de la comunidad, finalista y “perfeccionado” en cuanto a su destino. Su recaudación se dedicará al fomento de la renovación de las infraestructuras turísticas públicas, al impulso de un turismo sostenible y a la preservación y recuperación de los recursos naturales y culturales  al mantenimiento del pasaje agrario.

Hay un segundo argumento, agregó,  que ha llevado a NC a dar este paso. Hace tres años, sólo Cataluña contaba con este tributo, donde entró en vigor en 2012. Desde marzo de 2016, prosiguió Rodríguez, Baleares también cuenta con ingresos extraordinarios provenientes de su principal industria productiva.

De las tres comunidades más importantes del Estado, en cuanto a gasto turístico y a la llegada de turistas internacionales, el portavoz de NC señaló que Canarias es la única sin tasa turística. Además, incidió, “ha quedado demostrado que ninguno de estos dos destinos ha perdido turistas, desde la entrada en vigor” de este tributo. 

Un “comportamiento positivo que se repite”, según el portavoz nacionalista, en las principales potencias turísticas mundiales. Desde países europeos como Francia a Estados Unidos y Marruecos pasando por ciudades líderes en el sector como Nueva York, Paris, Roma, Florencia y Venecia, entre otros.

La tasa graba el día de estancia del turista en cualquier establecimiento turístico. El tipo de gravamen varía, según la categoría del establecimiento, entre los 0,50 euros y los 1,5 euros por día. Un gasto adicional “muy pequeño” en relación al gasto medio diario de los turistas que visitan las Islas, “lo que no supondrá retracción significativa de la demanda como se ha evidenciado ya”, según Nueva Canarias.

Román Rodríguez explicó que la recaudación se distribuirá en un 50% para el Gobierno de Canarias y el otro 50% para los cabildos y ayuntamientos turísticos. La estimación de la recaudación obtenida, con los 16 millones de turistas de 2017 y con una estancia media de siete días, ronda los 130 millones de euros.

Román Rodríguez hizo hincapié en que estos ingresos extras permitirán aumentar, de forma significativa, las inversiones públicas en renovación de los espacios turísticos, entre otras áreas, lo que además generará actividad económica al crear empleo y mejorar la competitividad del sector.

Es evidente, para NC, que los 20 millones de euros presupuestados para esta tarea por el Gobierno de CC para 2018 apenas se puede afrontar el principal reto que tiene el turismo en las islas.

Reiteró que, en 2014, los planes de modernización del Ejecutivo determinaron que la inversión pública necesaria para mejorar los espacios turísticos se elevaba a 1.463 millones de euros y que la ley sectorial de 2013 obliga al Gobierno, en colaboración en su caso con los cabildos y los ayuntamientos afectados, a elaborar un programa plurianual de inversiones públicas para renovar las áreas turísticas a renovar.