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20:04h. viernes, 20 de mayo de 2022

El Posei que terminó en la basura

El responsable de Agricultura y Desarrollo Rural en la Comisión Europea, el comisario Dacian Ciolos, sabía muy bien que en Canarias, aunque sólo fueran determinados agentes (económicos y políticos, y con mucho poder), no se lo iban a poner nada fácil, pero, pese a ello, lo intentó y tiró para adelante. Quizá le faltó tiempo para no tener que encajar esta derrota…

Curso: “Agricultura Ecológica”  en Valle Gran Rey, Noviembre-Diciembre 2013.

Diario de Avisos.-Resultó un empeño fallido, que ahora ya esto se sabe, y su clamoroso error, al menos en palabras del eurodiputado canario del PP, Gabriel Mato, consistió en querer plantear cambios en el reglamento base del programa Posei (número 228/2013), el que entró en vigor en marzo de 2013 (con el propio Mato como ponente de ese texto en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo), que poco tenían de reforma laxa o suave, de las que más gustan a algunos en el Archipiélago, y mucho de modificación “revolucionaria”.

Al final, tras fortísimas presiones políticas procedentes de gobiernos nacionales con regiones ultraperiféricas (en especial Francia y España); de organizaciones empresariales que actúan como verdaderos lobbies, entre ellas la canaria Asprocan, y de los importadores isleños principales beneficiarios de las ayudas comunitarias del Régimen Específico de Abastecimiento (el REA), más la oposición del Ejecutivo canario y la proximidad del relevo en el seno de la Comisión Europea (por el término de la legislatura en la UE), el edificio legal que el atrevido Ciolos ya tenía levantado se dinamitó o, si se prefiere, se metió en el cajón de los olvidos: la reforma “revolucionaria” del Posei que dijo Mato se tiró a la basura, y ello con sonoro aplauso, aunque a escondidas (de casi todos), de los que en ese texto salían peor parados, a saber: los productores de plátanos canarios con mayor recepción de ayudas directas de los 141 millones de euros que al año se pagan en las Islas con cargo al programa Posei (antes los millones de euros estaban en la archiconocida OCM del plátano) y los importadores radicados en Canarias de alimentos y otros artículos que ingresan por esta actividad el apoyo público que prevé y concede el mismo programa por medio del REA (hasta un máximo al año de 72,7 millones de euros, con pagos en 2013 en el nivel de los 63 millones). El Posei admite un gasto total por año de 268,42 millones para Canarias, todo dinero de la UE.

Esos dos pilares empresariales eran, sin duda, los más perjudicados por la reforma que Ciolos se traía entre manos, un cambio profundo del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que se empezó a aplicar en marzo de 2013 y que representantes de las actividades agrícolas y pecuarias locales menos beneficiadas por la estructura de reparto actual de esas ayudas comunitarias pedían a gritos. Por ejemplo, los ganaderos de las Islas y agricultores vinculados a las actividades tomatera de exportación, uva para la vinificación de calidad, flores y plantas…

Lo que parecía un proceso administrativo y político que podía dar esperanzas a las peticiones de los pobres del Posei en Canarias se convirtió entonces en un papel al final tirado a la basura, o en un borrador de nueva propuesta de reglamento, el que hace meses planteaba la Comisión Europea, que nadie ha querido enseñar y que DIARIO DE AVISOS sí tiene, pese a que el Gobierno de Canarias lo esconde como si se tratara de un texto pirata, muy contaminante.

Pero ¿por qué a este proceso se le ha echado cal viva encima? ¿Por qué el debate sobre la reforma del Posei se ha cerrado en falso en las Islas? ¿Por qué la Consejería de Agricultura regional, que dirige Juan Ramón Hernández (de CC y La Palma), así lo ha dictado? ¿Por qué a Asprocan no le apetece hacer circular el texto ya anulado entre los plataneros que se lo han pedido? ¿Qué pasa para que se haya impuesto el misterio acerca de este asunto, con la excepción de la difusión que ha dado a la cancelación del proceso de reforma del Posei de 2013 el eurodiputado Gabriel Mato?

Lo que pasa, y a esta conclusión sólo se puede llegar si se tiene la enorme ventaja de acceder al borrador que ya tiró a la basura la Comisión, además en su traducción al español, es que los que han apostado por evitar la reforrma del Posei que activó el rumano Dacian Ciolos tras su visita en septiembre pasado a la isla de Tenerife, siguiendo pues el reclamo de parte importante de los agricultores y ganaderos de las Islas (se abrió un amplio proceso de participación sobre el particular, con total transparencia), no de todos, pero sí de muchos (y también de algunas organizaciones profesionales agrarias), se llevaron las manos a la cabeza cuando lo que se tocaba, encima con cambios estructurales, era la misma esencia de los sistemas de ayudas que dentro del Posei ahora más benefician a algunos plataneros y a algunos importadores, no a todos, repetimos, pero sí a los más poderosos.


Causas del fracaso

Éste era el problema y, por ello, aquella reforma cayó. Por ello y por otras cosas, pero ésta que aquí se señala fue relevante. El status quo implantado por el reglamento de marzo de 2013 no se podía derivar y en ello estaban muy de acuerdo los tres partidos (CC, PP y PSOE). Dicho de otra manera: de revoluciones, nada de nada. Y es así como, no sin esfuerzo y tras mucho trabajo de presión, de un gran marcaje y utilizando todos los medios legítimos posibles, los que no querían el cambio al fin se tropiezan con la noticia aplaudida a escondidas (sólo por parte de algunos, que no de todos) de que la reforma del Posei iniciada por el valiente de Ciolos ya no saldría adelante, por los menos en esta legislatura europea, que en el futuro ya se verá.

Y después…, después ya sólo quedaba ver cómo se ocultaba el borrador de propuesta de la reforma del reglamento del Posei en el que trabajaban los servicios técnicos de la Comisión. Y casi lo consiguen, si no fuera por…

Lo que más asustaba

Como ya se ha señalado, la reforma prevista afectaba sobre todo a los beneficiarios de ayudas comunitarias para el plátano, a los que más volumen de apoyo reciben, y a operadores del REA, los que importan productos y artículos que compiten con la oferta local, que aún existe una buena ristra.

A estos dos grupos de empresarios, el texto que cursaba Ciolos a petición de agricultores y ganaderos de las Islas, ¡ojo!, les paraba las patas, por decirlo de forma coloquial. ¿Y cómo? Principalmente con dos medidas muy claras: por un lado, la confirmación de que en adelante no se podría apoyar la importación de alimentos desde Canarias con los mismos criterios que establece el reglamento en vigor, porque el REA no debe obstaculizar el desarrollo de las producciones locales (una viejísima demanda, principalmente de los ganaderos), y por otro, con la aplicación de las medidas de aminoración de ayudas directas que impone la nueva Política Agraria Común (la PAC) por cuestiones medioambientales y que ya llegaban a los productores canarios, con lo que, como seguro ya imaginan, se toca a los principales receptores de apoyo público de los 141 millones de euros anuales del plátano. Y esto, con poco más, es lo que activó la máquina de parar la reforma, y se consiguió.

¿Qué se decía acerca de cómo debía ser el nuevo REA? Pues algo tan sencillo y tan reconocido por casi todo el mundo como que no se puede alimentar la entrada de productos de fuera con el apoyo de fondos públicos de la UE, sobre todo si éstos lo que hacen es bloquear el porvenir y el crecimiento del campo local y de la industria agroalimentaria que se surte de materias primas de este sector.

El borrador de propuesta de reforma de la Comisión, el texto de Ciolos, decía al respecto lo siguiente: “Es necesario que la estrategia de programación también se extienda a los regímenes específicos de abastecimiento (REA), para que sus efectos se incluyan en el contexto general del apoyo a la economía de sus regiones ultraperiféricas, en las que la agricultura y el sector agroindustrial son elementos fundamentales. Con este fin [ojo a esto], se debe limitar el uso del sistema al suministro de productos esenciales que no puedan ser producidos localmente [justo lo que siempre ha pedido Canarias delante del sector agrario local]. El REA cubre productos que compiten con las ofertas locales (…). Los Estados miembros (…) deben limitar la fijación de ayudas para estos productos, pretendiendo sólo mitigar los costes adicionales de transporte y de almacenamiento relacionados con las limitaciones específicas de las regiones ultraperiféricas, y en particular, la distancia del continente europeo, la insularidad y el pequeño tamaño”. Y prosigue: “(…) se incluyen disposiciones sobre el funcionamiento del REA relacionadas con el cálculo de la ayuda y la calidad de la producción en cuestión”. Luego se añade: “(…) los controles también pueden ser físicos”.

Acerca de esta misma cuestión, el borrador al que nos referimos recoge el siguiente cambio del artículo 9 del Posei de 2013: “Ningún producto que compita con la producción local puede ser incluido en el plan de abastecimiento provisional, salvo en circunstancias debidamente justificadas en las que los productores locales no sean capaces de proporcionar un nivel adecuado de autosuficiencia. En todo caso, la ayuda para el suministro de productos de la UE se limita a los costes adicionales de transporte y de almacenamiento que se puedan atribuir a la condición de lejanía”. Esto ahora no es así, y hay apoyos del REA para productos que superan ese umbral objetivo con creces.

Alarmas encendidas

A este duro varapalo, sólo para algunos, para la minoría, se unió otro muy difícil de asumir por los líderes de los plataneros canarios, por el entorno de Asprocan y la APEB. Y es que el famoso borrador del revolucionario Ciolos recogía la aplicación de los recortes definidos en la PAC para las ayudas directas también a las regiones ultraperiféricas, algo que ahora no ocurre y que, por las horquillas de ingreso anual en que se aminoran los apoyos, prácticamente sólo afectaba a los plataneros. Por eso llegó el susto, un achuchón que consistía en lo siguiente…, en aplicar esto de que “los Estados miembros deben reducir la cantidad de los pagos directos concedidos a un beneficiario en virtud del artículo 19 durante un año civil determinado, al menos el 5% para la parte de un importe de entre 150.000 euros y 250.000; el 7% para la parte de un importe de entre 250.000 euros y 500.000, y el 10% para la parte del importe con más de 500.000 euros”.

Está claro que con esto tenía que llegar el gran disgusto, y ello pese a que la medida de reducción de los pagos permite a los Estados miembros “eximir los salarios relacionados con la actividad agrícola efectivamente pagados y declarados por el beneficiario durante el año calendario anterior, incluyendo los impuestos y las cotizaciones sociales relacionados con el empleo del importe de los pagos directos…” Ni así el susto fue menor.

Esas aminoraciones porcentuales según tramos, beneficiarios y por año luego se convertían en recursos para dirigir, tras la aplicación de las excepciones citadas, a obligaciones “relativas a las prácticas agrícolas favorables al clima y al medio ambiente”.
Aparte de esos dos cambios revolucionarios, que bastaron para que los que mandan decidieran apostar por frenar y arrinconar la reforma activada a partir de septiembre de 2013, el borrador de propuesta de nuevo reglamento que se había preparado aportaba varias apuestas de enorme interés, en la línea de las demandas de consenso llegadas desde Canarias a Bruselas.

Éstas eran la potenciación de medidas administrativas y de fondos públicos para la llegada al campo de jóvenes agricultores y ganaderos; la vinculación más profunda de la recepción de ayudas directas a la necesidad de estar asociado, de formar parte de organizaciones de productores, para combatir con mucha mayor efectividad la tremenda atomización que aún existe entre los agentes productores locales (sobre todo los del mercado interior), y la aplicación de un enfoque radicalmente distinto acerca de la funcionalidad del REA, lo que, de aplicarse, mucha gente coincide en que hubiera dado un buen empujón a la agricultura y la ganadería locales, entonces sí con generación de empleo, justo como dice que quiere el Gobierno de Canarias.

Pero todo esto ahora debe esperar y, como siempre ocurre, para el mal de algunos y para el bien de otros. Unos seguirán durmiendo tranquilos, o casi, y otros, los perjudicados y también canarios, tendrán que seguir acostumbrándose a numerosos sobresaltos.
Para estos olvidados, ha sido una oportunidad perdida; para los otros, un tremendo alivio. Para los políticos de Canarias, una crisis que por ahora no se abre, que no interesaba.