El PP obligará a dejar el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial que dañe al partido o a la institución pública a la que pertenezca. Ésta es una de las condiciones que se incluyen en la "carta de compromisos" que tendrán que firmar los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en el PP, tal y como consta en la Ponencia de Estatutos que se aprobará en el congreso de febrero en Sevilla.

La ponencia incluye esta medida junto con otras con el objetivo de reforzar y agilizar la respuesta ante "comportamientos indeseables" de sus militantes. Para ello, los redactores -Alberto Fabra, Alicia Sánchez-Camacho e Ignacio Diego- han añadido un nuevo Capítulo Primero a los Estatutos relativo a la los cargos de representación institucional.

Sólo serán candidatos quienes firmen la carta de compromisos.

En él establecen la obligación de los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización de suscribir una "carta de compromisos", que contendrá un conjunto de obligaciones de contenido "ético y deontológico". "La negativa a firmar esta carta impedirá ser candidato en los procesos electorales, cargo público o tener responsabilidades ejecutivas en el PP", precisa el texto.

La citada carta, que deberá renovarse cada dos años establece cinco compromisos claros. El más destacado de ellos es el de "comunicar" a la dirección del PP la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse "indicios racionales de comisión de un delito y de poner a disposición del partido el cargo público u orgánico que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública".

En esta carta también se establece la obligación de realizar una "declaración jurada" de que no existe ninguna causa jurídica que le inhabilite para participar en un proceso electoral, ni alguna situación posible de "conflicto de intereses", en caso de resultar electo, con su persona o con los intereses privados de los que sea titular.

 Se exigirá demostrar la 'máxima ejemplaridad, rigor y exigencia'

También se recordará a los dirigentes 'populares' que, en el caso de ser cargos electos, están sujetos al régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, cuyo incumplimiento lleva parejas sanciones administrativas y también las que se deriven del Reglamento disciplinario del partido.

En el caso de no estar obligado a depositar esta declaración por razón de cargo público, deberán presentar si se les requiere, una declaración formal de bienes y actividades que incluya: los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales que posean; los valores o activos financieros negociables; las participaciones societarias; el objeto social de las empresas en las que tengan intereses personalmente y las sociedades participadas.

Finalmente, en la citada "carta" está recogido el compromiso de separar claramente la actuación pública de la privada y de las del partido.

Ser honorable y parecerlo

Este nuevo capítulo primero establece también unos principios generales que deben observar todos los cargos públicos y dirigentes 'populares'. Entre ellos, está la obligación de demostrar la "máxima ejemplaridad, rigor y exigencia" en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y absteniéndose siempre de cualquier conducta que, "aún siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen", lo que parece ser una consecuencia de los episodios del 'caso Camps' y las conductas de miembros del PP valenciano respecto a la trama 'Gürtel'. Este apartado recuerda a la famosa frase: "La mujer de César no sólo debe ser honrada, además debe parecerlo".

Los 'populares' también modifican en la ponencia de Estatutos la parte referida a la apertura de los expedientes disciplinarios. Añaden un nuevo punto en el que establece que se abrirá expediente disciplinario en el momento en el que el partido tenga conocimiento de una imputación judicial por "cualquier forma de corrupción" en el ejercicio de cargo público o que realice conductas que estén tipificadas como un "delito doloso" que, "por su naturaleza o por las circunstancias" en las que se haya cometido se considere "incompatible con las obligaciones y deberes éticos" a los que están sujetos los afiliados del PP.

Una vez que se haya incoado el expediente, el Comité de Derechos y Garantías podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, algo que acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto.