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14:19h. Viernes, 22 de Septiembre de 2017

Yaiza Castilla se sensibiliza con las afectados por la talidomida

La senadora de ASG pide que se impulse la creación de un registro de afectados con el objetivo de establecer compensaciones por el consumo de este medicamento desde 1956

La senadora gomera, Yaiza Castilla, defenderá en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales una moción dirigida a reparar las consecuencias que sufren los afectados por la talidomida. El suministro de este medicamento, que se produjo en España desde 1956, causó graves deformaciones e incluso la muerte a miles de bebés en nuestro país.

Es por ello, por lo que Castilla avanza que pedirá la creación del registro nacional de afectados por la talidomida con el fin, entre otras cuestiones, de optimizar el establecimiento y obtención de las futuras compensaciones, además de que se cree una Comisión de Estudio con el objeto de determinar el modo en que puede repararse a las víctimas de la talidomida y las medidas necesarias que hay que adoptar para tal fin.

La senadora gomera recuerda que la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), lleva más de once años luchando por los intereses de los afectados, que a día de hoy se cifran en más de quinientos, y que han tenido que aprender a vivir con malformaciones físicas y perjuicios psicológicos.

Pone el acento en que hace 40 años era muy complejo el iniciar un procedimiento judicial para poder solicitar su derecho a indemnización y manifiesta la evidencia de que los poderes públicos no han cumplido con su deber constitucional de promover las condiciones de igualdad para los afectados.

“Con apenas 19 años, las personas afectadas, en aquel momento, no sabían que se les acababa el plazo legal para reclamar un reconocimiento a su situación, siendo patente la actitud de unas autoridades que se han quedado al margen, dejando a la deriva a víctimas que no supieron que debían litigar contra una empresa farmacéutica”, explica Yaiza Castilla.

Por último,alude a la Constitución Española y alerta de que recoge la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. “Con estos afectados no está sucediendo, por lo que es momento de reparar este daño”, concluye Castilla.