Los ayuntamientos de Agulo y Hermigua en La Gomera se han manifestado en defensa de los Servicios Sociales municipales y para plantar cara a la reforma del PP que pretende eliminarlos.

A la convocatoria hecha en toda Canarias por el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de S/C de Tenerife, que ha sido un éxito en esta zona de la isla, han acudido personal de ambas corporaciones locales y vecinos que reivindican el derecho de los ciudadanos a la atención social. Entre los dos municipios, que cuentan con una población de casi 3.000 habitantes, atienden a casi 1.500 usuarios de los Servicios Sociales con un total de dos trabajadoras sociales de base y dos de Prestación Canaria de Inserción (PCI).

Los  representantes municipales han querido además apoyar el manifiesto firmado por los profesionales del sector en Canarias donde recuerdan que “esta reforma vacía de prestaciones básicas a los servicios sociales en los municipios de más de 20.000 habitantes y 60 municipios de los 88 de Canarias quedarían desprovistos de las prestaciones de Servicios Sociales”. 

Asimismo, entienden que tal y como han afirmado alcaldes de distintos municipios, diversos interventores y varios secretarios de ayuntamientos, la financiación de los Servicios Sociales Municipales tendría que correr a cargo de la Comunidad Autónoma, si se aplicara esta Ley. 

Aseguran que “los Servicios Sociales constituyen la puerta de entrada al Sistema Público de Servicios Sociales porque son los más cercanos en el territorio, permiten la accesibilidad de todas las personas e intervienen en su medio habitual evitando las situaciones de desarraigo y exclusión, y  por ello no pueden estar sometidos a la arbitrariedad de decisiones políticas o a la cola de la disponibilidad presupuestaria”. 

Recuerdan que “en los últimos años el Plan Concertado, que ha sido la fuente principal de financiación de los Servicios Sociales Municipales, ha sufrido un recorte del 42% en la partida que proviene del Estado, teniendo por tanto que asumir las comunidades autónomas y, sobre todo, los ayuntamientos la mayor parte de la financiación de servicios y prestaciones”. 

Los representantes de los dos ayuntamientos gomeros se suman a las peticiones de exigir al Gobierno estatal la suspensión de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; además de una ficha financiera suficiente y garantizada destinada a los Servicios Sociales Municipales que entre en vigor el 1 de enero de 2016, y que el Gobierno de Canarias garantice también su parte de financiación. 

Por último consideran que “los Derechos Fundamentales de las personas no deben estar supeditados a las prioridades que se establecen en la modificación del art. 135 de la Constitución de 2 de septiembre de 2011, porque se trata de un derecho conculcado por los sucesivos gobiernos y reducido, sobre todo en los últimos años, al nivel del asistencialismo y con clara tendencia a la beneficencia que impacta de forma brutal en las personas y familias que viven realidades de mayor vulnerabilidad y que deben esperar las migajas de ayudas y prestaciones absolutamente insuficientes”.