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10:29h. Martes, 20 de Noviembre de 2018

Archivado definitivamente el Caso Telaraña

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en un auto del pasado mes de junio, decidió por unanimidad de su presidente y ponente Jaime Requena y los magistrados Fernando Paredes y Esther Nereida García, el archivo definitivo del caso “Telaraña” al no detectar pruebas para mantener las acusaciones. 

El denominado "Caso Telaraña" y que enredó durante años al presidente del Cabildo de La Gomera, ha sido archivado definitivamente por falta de pruebas .

En este sentido, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado “íntegramente”  la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de la Gomera que dictó el archivo provisional en 2016 por falta de pruebas de la operación Telaraña, una exhaustiva investigación que enredó al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y a otras cinco personas desde 2010. Con este auto se cierra definitivamente el caso y se confirma la absolución del también diputado regional, que fue investigado por cuatro presuntos delitos de cohecho.

El presidente y ponente de la Audiencia, Jaime Requena, y los magistrados Fernando Paredes y Esther Nereida García decidieron por unanimidad desestimar los dos recursos de apelación presentados por la acusación popular después de que la  Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife decidiera no recurrir el sobreseimiento provisional de la causa que ha pesado sobre Curbelo.

El argumento principal que han esgrimido a lo largo de las seis páginas del auto es que “no han podido ser recabadas suficientes fuentes de prueba que confirmen que los hechos imputados fueron cometidos por los investigados”. El tribunal considera que la acusación popular se limita a enumerar las pruebas que considera que no se han practicado durante la causa, pero “no concreta cuál es la razón por la que su práctica, en el estado actual de la investigación, continúa siendo necesaria” ni cómo podría “facilitar el esclarecimientos de los hechos”.

Así, la Audiencia ha descartado la comisión de un delito de cohecho por parte de Curbelo durante unas actuaciones urbanísticas que tuvieron como epicentro la zona de Los Lameros. Los magistrados no encuentran motivos para sostener la investigación fundamentada en las declaraciones de Antonio Pérez, constructor y médico en La Gomera, quien en su testimonio aseguró que el presidente del Cabildo recibió una presunta compensación a cambio de reclasificar unos terrenos.

Aunque admite que se produjeron cambios en la calificación del suelo, el auto concluye que esto no supuso un incremento del valor de los terrenos en Los Lameros, por lo que no estima indicios de la influencia que pudo tener Curbelo sobre el planeamiento urbanístico.

Las Petroleras
Al igual que ocurrió con la zona de Los Lameros, el tribunal considera que los argumentos que presenta la acusación no han podido ser confirmados ni corroborados, esta vez relacionados al ámbito de Las Petroleras. La Audiencia estima que “no existe constancia” de cuál fue la actuación que llevó a cabo el diputado regional para la comisión de un presunto delito de cohecho.

Pérez, a través de su sociedad, vendió el suelo en Las Petroleras a otra entidad llamada El Revolcadero S.L. a cambio de una cantidad económica y de que en esa zona se autorizara una edificabilidad superior a los 75.000 metros cuadrados. Las sospechas de la comisión de un presunto delito de cohecho se basan en la compra de un 20% de las participaciones de El Revolcadero S.L. por parte de Fortunato Arteaga y en el tipo de relación que tenía con el presidente del Cabildo de La Gomera por la influencia que este pudo tener en dicha compra.

La Fiscalía ya argumentó que el testimonio de Pérez, la única prueba, no era válida y la Audiencia añade que las declaraciones de Arteaga, quien primero dijo que actuó a solicitud de Curbelo y después aseveró que lo hizo a instancias de Pérez, “no ha podido ser corroborada”; además, el tribunal argumenta que “ni tras la última revisión del Plan Insular de Ordenación de la Isla de La Gomera se ha superado un límite de edificabilidad de 60.000 m2”.

El Machal
Según los hechos que narra el tribunal, una sociedad propiedad de Felipe Hernández le vendió los terrenos de El Machal a otra entidad llamada Telegomera S.L. a cambio, supuestamente, de que fueran recalificados como urbanizables. Las sospechas de cohecho se basan en la declaración de Pérez, quien aseguró que existe un supuesto contrato privado que establece que Hernández, Curbelo y el propio constructor eran propietarios de un tercio de los terrenos cada uno y que el presidente del Cabildo de La Gomera lo recibía como “retribución” para facilitar la reclasificación del suelo e incrementar su valor. 

Pero nuevamente Pérez, “quien podría estar en disposición de facilitar el desarrollo de la investigación”, “se abstiene de hacerlo” y “sostiene que no puede facilitar su copia de ese supuesto contrato privado”. Por ello, la Audiencia no encuentra motivos para sostener la investigación ya que las declaraciones de Pérez “no han podido ser corroboradas por otras fuentes”. 

Tampoco la grabación de una conversación en la que participa Curbelo y en la que se aborda un presunto reparto de intereses en el desarrollo urbanístico “permite derivar por sí misma conclusiones” que acrediten alguna irregularidad.

Obra civil de la travesía de Hermigua
La Audiencia tampoco considera que el presunto delito de cohecho relacionado con el proyecto de la obra civil de la travesía de Hermigua pueda ser confirmado. Las sospechas derivan de la declaración de un empleado de la empresa adjudicataria de la obra “que manifestó que una persona no identificada le había solicitado el pago de una determinada cantidad” y que, al no haber sido atendida su petición, “habría dado lugar al abandono del proyecto modificado que incluía la colocación de muros ecológicos”.

Según el tribunal, además de no poder identificar a esa persona que solicitó dinero, la imposibilidad de construir los muros en La Gomera, “con los problemas logísticos, retrasos y dificultades que suponía para la obra la fabricación de los mismos en el norte de Tenerife y el transporte” a la Isla, así como “el problema estético que conllevaba la introducción de piedra no autóctona”, permite concluir que “la modificación del proyecto inicial y el posterior abandono de la modificación pretendida” están justificados.


Curbelo fue expulsado del Partido Socialista en 2015 tras 33 años de militancia y fundó su propio partido, Agrupación Socialista Gomera, y alcanzó la presidencia del Cabildo isleño y tres diputados en el Parlamento regional. Después de ocho años en los que ni el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de la Gomera, la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, ni La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife han hallado indicios delictivos por parte del diputado regional, Curbelo prefiere guardar silencio y, en unas breves declaraciones a este periódico, aseguró que hablaría al respecto “más adelante” y “con un poco de calma”.