El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera ha aprobado hoy la adhesión a la propuesta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) en relación a la adopción de medidas necesarias para evitar desahucios por motivos económicos.

De esta forma, se acuerda mostrar el respaldo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y en general, a todos los ciudadanos que vienen sufriendo el drama social de la pérdida de sus viviendas, por desahucios judiciales. Asimismo, se insta al Gobierno del Estado a modificar el actual marco legal que regula el mercado hipotecario. En este punto, se solicita que incluya la dación en pago, un procedimiento de insolvencia de las personas físicas, la elevación del porcentaje por el que los bancos se adjudican los inmuebles tras la subasta, la supresión del procedimiento especial de ejecución hipotecaria, la tasación por profesionales independientes, la regulación de un régimen específico para la vivienda habitual, la concesión de moratorias o períodos de carencia, la autorización para que el deudor continúe en la vivienda pagando un canon o alquiler y la supresión del proceso especial de ejecución extrajudicial ante notario, entre otras.

Igualmente, en la propuesta se solicita reclamar a todos los grupos parlamentarios presentes en las Cortes Generales la introducción de las modificaciones necesarias, durante la tramitación del Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, al objeto de que la norma amplíe su ámbito de aplicación cubriendo insuficiencias actuales. También se propone demandar de las entidades bancarias y financieras el establecimiento de los mecanismos necesarios para favorecer la transparencia y la información a disposición de los ciudadanos con relación a la concesión de préstamos o créditos hipotecarios, en particular en materia de seguros de protección de pagos que cubran las contingencias de desempleo o incapacidad temporal del prestatario.

Por otro lado, se pretende instar al Gobierno del Estado, a la Comunidad Autónoma de Canarias y a los Cabildos Insulares a incrementar las ayudas al alquiler, como están haciendo los Ayuntamientos, de cara a apoyar a los ciudadanos que finalmente pierdan sus viviendas. Más allá de las medidas de competencia estatal, establecer las medidas a emprender a nivel municipal, debiendo actuar a nivel judicial y a nivel social. Por otro lado, la propuesta recoge extinguir los contratos y retirar los fondos públicos en aquellas entidades financieras que a partir de la fecha del presente acuerdo continúen realizando ejecuciones hipotecarias que provoquen a familias situaciones de emergencia social y no se avengan a negociar soluciones paliativas.

Por último, se remitirá el acuerdo al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, a todos los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, a la presidencia del Parlamento de Canarias, a la Federación Canaria de Islas (FECAI), a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), a las asociaciones que representan al colectivo de Bancos y Cajas de Ahorros, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales.