Antonio Manuel Pérez Pérez, el promotor inmobiliario de La Gomera que ha implicado a Casimiro Curbelo en la trama de la operación telaraña, mantiene viejas cuentas pendientes con el presidente del Cabildo y líder de los socialistas de la isla colombina, al menos desde que el 8 de enero de 2008 fuera condenado por el Juzgado de lo Penal número 4 de Santa Cruz de Tenerife por un delito ecológico contra la ordenación del territorio, como culminación de un largo proceso iniciado en mayo de 2005.

El médico de origen palmero fue condenado hace cuatro años a dos años de prisión y multa de 15 meses con cuota diaria de 6 euros, al mostrar en el juicio oral su conformidad plena con las conclusiones del Ministerio Fiscal, hechas suyas por el juez al calificar de "desprecio absoluto de la normativa vigente y con pleno conocimiento de la naturaleza del suelo afectado" la decisión del promotor de seguir adelante con la rehabilitación ilegal de un caserío para convertirlo en hotel rural.

Como propietario de las sociedades Inchereda Agrícola SL y Momo de La Higuera SL, Pérez Pérez llevó a cabo un proyecto ilegal en el Caserío de Inchereda, en el término municipal de San Sebastián de La Gomera, a lo largo de 2005 y durante el primer trimestre de 2006, al rehabilitar construcciones rurales, primero sin licencia de obras, y después de comenzadas las mismas de manera ilegal, sin ajustarse al proyecto presentado en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera que le permitió obtener a posteriori la licencia de obras.

Da por probada la sentencia a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA que en la finca rústica ubicada en el Parque Natural de Majona, integrado en la Red Canaria de Espacios Naturales, las obras ejecutadas por Pérez Pérez se excedieron a las normas vigentes en el Plan Rector de Uso y Gestión del espacio natural afectado, que solo permitía desarrollar negocios de turismo rural excluyendo inmuebles construídos con posterioridad a 1950 y prohibiendo obra nueva superior al 25% de la superficie ya construida.

Las mercantiles del cirujano palmero radicado en La Gomera no solo se excedieron de estas normas ya advertidas desde junio de 2005 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia civil y desde octubre por la Agencia de Protección del Medio Ambiente y Natural, que ordenó la paralización y precinto de las obras, sino también por el Cabildo presidido por Casimiro Curbelo, que ya advertía al promotor que la autorización previa para la actividad de hotel rural estaba condicionada a que no se proyectaran ampliaciones de la superficie construida, como recoge la normativa del Parque Natural.

Pérez Pérez no solo siguió adelante con las obras ilegales por las que la Agencia de Protección del Medio propuso una sanción de 405.000 euros, paralizada al abrirse la vía penal en abril de 2006, sino que tras la sentencia de enero de 2008 no ha terminado de cumplir con la misma, que le obliga a la "restauración del equilibrio ecológico perturbado". En la actualidad, solo parte de las construcciones han sido derruidas, y poco se sabe del destino final de los escombros generados por la reposición parcial del "equilibrio ecológico".