Para el Grupo Mixto del Cabildo de La Gomera, los presupuestos presentados a la Junta General por la Gerencia del Consejo Insular de Aguas, tienen el mismo hilo conductor que los anteriores, y así vuelven a caer en deficiencias importantes. Señalan que, si bien se fijan los ingresos y gastos, el presupuesto carece de un programa de futuras inversiones.

No se entiende, argumentan, cómo se puede justificar la contención en el gasto, si bien hay margen para establecer más gastos (2% como tope) como fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, por otro lado, asumir que hay necesidades que atender. 

El presupuesto presentado, en el que la inversión estimada es de 1.167.919 €, tiene como objetivo cubrir gastos de adquisición para mantenimiento y reposición de equipamientos de supuestos proyectos no aclarados o identificados que en el futuro pudieran surgir. Sin embargo, no se establecen inversiones concretas para acometer las nuevas obras o servicios. 

Para el Grupo Mixto, es curioso ver cómo se viene reconociendo año tras año en dicha Junta General, las importantes pérdidas de agua para consumo humano que suministra el propio Consejo Insular de Aguas en cabecera a los Ayuntamientos. Señalan que acometer esas necesarias obras de reformas para evitar tal nivel de despilfarro es competencia de los municipios y advierten que no se trata de incrementar las tasas que pagan los ciudadanos, ya que en ells están incluidos ese tipo de gastos que deben asumir las respectivas corporaciones municipales.

Se llevó a cabo una pregunta sobre el expediente de la renovación de la Concesión Administrativa del Barranco de Santiago. En dicha sesión se respondió que la Junta de Gobierno acordó no renovar la misma. El Grupo Mixto recuerda que interpuso un Recurso contra la renovación de la misma por entender que existían suficientes dudas en cuanto al seguimiento y control administrativo de dicha concesión. A día de hoy, y ante la sorpresa de los miembros de dicho grupo, no se ha recibido respuesta alguna por escrito, tal y como es preceptivo.

A los consejeros les preocupa que pese a finalizar la concesión en febrero, continúe en activo la explotación y se desconozca cuando se va a paralizar dicha actividad, así como los plazos de rehabilitación para dicha zona. Rechazan que sean los ciudadanos los que finalmente tengan que pagar las consecuencias que se pudieran derivar de la regeneración ambiental y paisajística. Recuerdan que han pedido públicamente la redacción de un Plan Especial para la zona, por considerarla una zona potencial para el desarrollo de futuros emprendedores, generadora de economía productiva y de puestos de trabajo. Concluyen en la necesidad de establecer zonas apropiadas para llevar a cabo este tipo de explotaciones industriales que garanticen la preservación ambiental y favorezcan las actividades económicas.