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jueves, 07 de julio de 2022 15:49h.

Ruyman Garcia, se enfrenta a una pena de cinco años de prisión por dos presuntos delitos

Ambos acusados son  hermanos de padre, si bien tal filiación no se encuentra reconocida legalmente pero es conocida entre los vecinos de la  localidad

Tal y como ya avanzamos en la mañana de hoy, en el Juzgado de instrucción de San Sebastian de la Gomera, y a petición del Ministerio Fiscal, se ha abierto juicio oral contra el ex-alcalde de valle Gran Rey, Ruyrmán García Marichal y Yaiza María Mesa Ramos, calificando los hechos como constitutivos de un delito de prevaricación, previsto y penado en al articulo 104 del Código Penal, delito de malversación continuado, previsto y penado en el 432.1° en relación con el artículo 74, ambos del Código Penal y un delito de tráfico de influencias, previsto y penado en el artículo 429 del Código Penal.

A tenor del artículo 28 del Código Penal, el acusado D. Ruyman García Marichal, debe responder por los delitos de prevaricación y malversación continuado y la acusada Y. M. M. R, se le imputa por un delito continuado de tráfico de influencias.

La acusación particular, califica los hechos como constitutivos de un delito continuado de prevarìcación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, así como de un delito de tráfico de influencias cometido por particular del artículo -429 en relación con al 438 del Código Penal, al propio tiempo que los acusados  propongan las pruebas de las que intenten valerse para su defensa, solicitando la adopción de medidas de aseguramiento y de responsabilidades pecuniarias.

La historia se remonta al año 2008, cuando el ahora imputado ejercía el cargo de Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda, Personal y Planificación del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso en exclusiva  Gomeraactualidad.com, quien con plena conciencia de la ilegalidad cometida, según consta en Autos, formalizó contrato por obra o servicio de duración determinada y a jornada completa,(37'5 horas semanales, prestadas de lunes a viernes) extendiéndose su duración desde el 14/1/2008 hasta el 3/7/2008, como monitora de ludoteca, con la también acusada, siendo ambos acusados hermanos de padre, si bien tal filiación no se encuentra reconocida legalmente pero es conocida entre los vecinos de la referida localidad; prevaliéndose la acusada de la referida relación de parentesco con la finalidad de obtener un beneficio económico.

Por otra parte y según se desprende de la documentación anteriormente señalada, el citado contrato se llevó a cabo al parecer , sin observarse las formalidades legales establecidas al efecto, conculcando los principios de inmediación, igualdad y publicidad , simplemente por orden directa del acusado, Ruyman García, la Asesoría Laboral del Ayuntamiento “Fernando Quintero", encargada de formalizar los contratos del Ayuntamientos y a través de su enlace con tal Asesoría, la Técnico de la Concejalía, fijando para la también denunciada, un salario bruto de 5.700'86 euros y gastos de seguridad social por importe de 1.711,10 euros, siendo autorizados los correspondientes pagos por el ex-edil, quien firmo la nominas de su hermana; aunque si bien las correspondientes a los meses de Junio y Julio de 2008 no llegaron a hacerse efectivas, debido al inicio de una investigación por orden del Alcalde de la Corporación Local, por aquel entonces Esteban Bethencourt, que ordenó la paralización de los pagos.

Se señala también que tales cantidades fueron abonadas a la acusada, mediante transferencia en su cuenta corriente, en la entidad bancaria La Caixa; y todo ello a pesar de que el servicio de ludoteca no se prestaba en los meses a los que se refiere el citado contrato ya que el servicio referido solo se presta en periodos de vacaciones escolares (meses de y julio Agosto y vacaciones de Navidad), por lo que la acusada percibió los salarios correspondientes sin desarrollar actividad laboral alguna, siendo plenamente conocedora de tal situación.

En el Auto de apertura de Juicio Oral , al que hemos tenido acceso se solicita que ambos acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Valle Gran Rey la cantidad defraudada, y que se forme pieza separa de responsabilidad civil.

Por ultimo , las penas que se solicitan para Ruyman Garcia suman cinco años de prisión y ocho de inhabilitacion, y para la segunda acusada se solicita una pena de un año de prisión.



No permitimos comentarios a esta noticia al ser materia delicada y estar abierto aun el expediente en el Juzgado, ademas de poder afectar al honor de personas que aun no han sido condenadas