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viernes, 29 de marzo de 2024 00:00h.

Nueva Canarias exige responsabilidades a Rivero por el "demoledor" informe del Diputado del Común sobre la gestión de la dependencia

Los diputados Rodríguez y Hernández se ratifican en sus críticas a Rojas por su fracaso en esta materia a lo largo de los siete años de vigencia de la norma 

Román Rodríguez, Nueva Canarias
Román Rodríguez, Nueva Canarias

Nueva Canarias (NC) ha exigido hoy responsabilidades al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, por el "demoledor" informe del Diputado del Común sobre la aplicación de la ley de la dependencia en sus siete años de vigencia.

Los diputados de NC Carmen Hernández y Román Rodríguez se ratificaron en sus críticas a la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, por haber fracasado en la gestión y por desoír las propuestas del Parlamento para reconducir la situación. Rodríguez aseguró que el jefe del Ejecutivo se ha quedado "solo y aislado" en la defensa de la cuestionada responsable gubernamental. "Ni los colectivos afectados, ni sus socios del PSOE en el Gobierno ni relevantes sectores de CC salvan la labor de Rojas", según el portavoz parlamentario nacionalista.  

NC ha registrado hoy la solicitud de comparecencia de Rojas, en la comisión correspondiente, y una pregunta para pleno con el fin de que valore el informe "extraordinario" sobre La Aplicación en Canarias de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, a los Siete Años de su Entrada en Vigor, elaborado por el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra.
En opinión de Rodríguez se trata de un trabajo "amplio y concienzudo" en el que la Diputación del Común evalúa la aplicación de la ley en sus siete años de vida, que "coincide con los siete de años de gestión de Rojas al frente de esta responsabilidad y de Rivero como presidente de Canarias".

Las 10 conclusiones del informe, añadió Hernández, "no dejan lugar a dudas del suspenso total" que el Diputado del Común otorga a la gestión de la dependencia en las Islas. La portavoz en materia social resaltó tres de ellas. La primera que dice que "se ha generalizado durante los siete años de la implantación" de la ley "la tramitación demorada de los procedimientos iniciados a instancias de parte tanto en la tramitación del dictamen que reconoce o no la situación de dependencia, como en la de la aprobación del correspondiente PIA".

La tercera que declara que la consejería "debe valorar la necesidad de asumir  la responsabilidad por la tardanza en la tramitación de los procedimientos, exigiéndosele una intervención contundente y rigurosa, a efectos de garantizar los derechos de los ciudadanos, evitando con ello que éstos sigan acudiendo a la tramitación del procedimiento de responsabilidad de las administraciones públicas, como única vía para ver resueltas sus solicitudes y ser indemnizados por el daño que les ha producido el mal funcionamiento del servicio de dependencia".
Hernández también se refirió a la quinta conclusión que dice que "ha existido, en estos años de implantación de la ley de la dependencia, una falta de liderazgo y de coordinación, que nos lleva a mantener dos sistemas sin objetivación laguna".

La diputada de NC preguntó a Rojas "si el Diputado del Común tiene la capacidad de entender el hecho diferencial canario". Un argumento que, como recordó, emplea la responsable gubernamental para denostar los contundentes datos negativos del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España en sus 12 informes sobre la dependencia de los últimos siete años. 

"Todos colocan a Canarias a la cola" en la aplicación de esta ley, refirió la portavoz nacionalista.

Recordó algunos datos de importancia, como que hay unas 40.400 personas con la solicitud para acogerse a las ayudas que ofrece la ley, de ellas 12.446 corresponden a individuos con derecho a percibir la prestación económica o alguno de los servicios asistenciales, pero "no lo perciben".
Otros datos de la propia consejería, añadió, reconocen que hay 25.674 expedientes pendientes de resolución, que se necesitan más de 300 días, cuatro meses más de los autorizados por la norma, para tramitar y resolver un expediente y que más de 3.432 solicitantes han fallecido entre 2010 y 2013. 

Román Rodríguez exigió responsabilidades al presidente canario y aseguró que es el "único que ampara a Rojas". El portavoz parlamentario recordó que ni el PSOE ni destacados dirigentes de CC, como el consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias de 1999 a 2003, Marcial Morales, ni "por supuesto" NC "salvan" la gestión de Inés Rojas.