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16:10h. Domingo, 18 de agosto de 2019
Suele suceder que, en el muy loable debate sobre cuestiones importantes, algunos pierden el norte de la razonable al haber perdido la brújula del sentido común. Pasa más de lo que se cree, sobre todo si dicha brújula es sustituida por el vil mapa de los intereses espurios y egoístas o, incluso, por las muy frecuentes coordenadas de la estupidez.

Suele suceder que, en el muy loable debate sobre cuestiones importantes, algunos pierden el norte de la razonable al haber perdido la brújula del sentido común. Pasa más de lo que se cree, sobre todo si dicha brújula es sustituida por el vil mapa de los intereses espurios y egoístas o, incluso, por las muy frecuentes coordenadas de la estupidez.

Un ejemplo claro de ello ocurre cuando hablamos de la Sanidad en nuestro país al confundir a los profesionales del medio con los gestores políticos del mismo. Mucha gente cree, la mayoría incluso sin mala fe, que las listas de espera, los problemas en urgencias, el sí y ahora parece que no copago farmacéutico, … son responsabilidad de los galenos y demás trabajadores del hospital o centro de salud de turno. No deja de ser un ejercicio mental rudimentario el saber que tales problemas se deben a la paupérrima financiación de uno de nuestros más importantes pilares, quizás el más importante.

La mayoría del personal sanitario cumple muy por encima de lo que sería su deber, con las evidentes excepciones que puede haber en un gremio tan numeroso. Por lo tanto es un problema de dedicar los recursos necesarios (“los dineros”, que diría un castizo) para garantizar la calidad y la universalidad de dicho servicio.

Siempre he pensado que un país moderno y con cierta conciencia social y de justicia tiene que presumir, antes que nada, de su Sanidad y de su Educación. Todo lo demás, creo, tiene una importancia inferior. La gestión del Estado tendría que tomar como modelo la gestión que hace una familia normal de sus recursos. Cuando vienen mal dadas, el modus operandi de una familia con sentido común es renunciar a lo superfluo o baladí para centrar sus esfuerzos en lo fundamental: la comida, la salud y la educación de los niños.

¿Se imaginan a unos padres con un niño diabético recortando en la insulina o en los libros escolares? ¿A que parecería un ejercicio surrealista digno de un poema de Breton o de un cuadro de Dali?

Pues bien, nuestro insignes gestores de la res pública, tanto estatal como autonómica, hacen justamente lo contrario recortando de forma salvaje en los dos pilares de una nación y al mantener, de forma vergonzosa e interesada, los privilegios de los más pudientes, entre los que se encuentran, ahí está la clave, ellos mismos. Senado, Cabildos, Diputaciones, Televisiones Autonómicas, empresas y organismos públicos, coches oficiales, dietas, enchufados a mansalva, privilegios varios que harían avergonzarse a un señor feudal, … todo ello parece menos prescindible que, por ejemplo, un centro de salud. ¡Lo he padecido en carne propia!

Estos días he leído una entrevista al anterior Consejero de Sanidad de Euskadi (fichado, por cierto, para asesorar a Obama) en la que venía a decir que no hay ningún estudio científico que asegure que la gestión privada de la Sanidad es más barata que la pública. Sin embargo, algunos medios de comunicación no paran de mentir sobre este tema, estructurando su análisis en medias verdades y opiniones de gente que está íntimamente relacionada con el negocio de la salud. Pero aunque fuera más caro tampoco sería un argumento válido para privatizar, que no “externalizar” (estoy hasta los mismísimos de los eufemismos en este tema). No se puede renunciar a pruebas diagnósticas por muy caras que sean si está la vida de alguien en peligro, ni se pueden cerrar centros de salud o urgencias para ahorrar dinero. Es absolutamente cruel para la gente que lo padece pero no lo es para alguien que toma la decisión a sabiendas de que a él no le puede pasar nada. ¡Hay que ser, con perdón, hijo de puta!

Muchas de las decisiones que se han tomado en contra de la clase media-baja española se han tomado exactamente por eso, además de, claro está, para favorecer a la banca y a los grandes empresarios. Ningún político se verá afectado por esas medidas. Como dice un amigo mío, “consejos vendo que para mí no tengo”. Una solución ejemplar y contundente sería el obligar a cualquier cargo público a ser usuario de la sanidad y educación pública. ¡Verían ustedes cómo cambiaba la cosa!

La Sanidad debería ser intocable por parte de los llamados “representantes del pueblo”, los cuales, una vez en el poder, sólo sirven a los poderosos, traicionando su conciencia para garantizarse una vida de lujo. Hace poco estuve en las urgencias del Hospital Insular de Tenerife y me quedé asombrado de los pocos recursos que tienen los profesionales para desempeñar su labor. El trato, no obstante, hacia mí y hacia mi novia fue muy bueno, cuando lo lógico sería estar frustrado y, por ende, enfadado con todos y con todo. Mucho más atrás en el tiempo, un familiar muy cercano a mí tuvo una enfermedad grave que necesitó tratamientos varios y, finalmente, cirugía. Gracias a Dios ahora está muy recuperado y hace vida normal. El trato, esta vez en la Residencia, fue maravilloso y yo se los agradeceré siempre.

También agradecer a todos los españoles que pagan impuestos porque, gracias a su esfuerzo, mi familia no se tuvo que arruinar para que dicho familiar se curara. Éste, y no otro, es el fin de nuestra Sanidad Pública: que cualquier español, por muy pobre que sea, tenga derecho a lo más básico. Dicho derecho también deber ser otorgado, incluso, a aquéllos gestores políticos que quieren destruirla para venderla al mejor postor.