Cuando decidí dedicarme a la política, lo hice bajo la firme convicción de querer ayudar a los demás, de contribuir con mi granito de arena a mejorar la vida de la ciudadanía, para cambiar todo aquello que va en contra del interés común, en definitiva, para sembrar algo de luz y certidumbre cuando las situaciones se tornan más complicadas. Los políticos no salimos a la esfera pública con un manual de instrucciones y una varita mágica que resuelva todos los problemas pero tenemos el deber de responder a las demandas de la ciudadanía, y eso pasa por llevar a cabo dos acciones a  priori bien sencillas: escuchar y buscar soluciones. 

De sobra son conocidos los estragos que está haciendo la Covid-19 en nuestro tejido productivo, unos efectos que tienen al planeta entero tambaleándose ante tal desbarajuste económico y social del que no nos libraremos pronunciando un hechizo. Ya es hora de dejar de jugar a ser brujos y afrontar el complicado escenario actual con medidas realistas y adaptadas a las necesidades de cada territorio. Por ello, Canarias, un territorio alejado y fragmentado, con una alta dependencia del turismo y del exterior, requiere de acciones extraordinarias para atender tales peculiaridades, a las que se suma en la actualidad la crisis migratoria que afronta el Archipiélago casi en solitario. 

Esta semana confirmamos nuestras peores sospechas relacionadas con el desempleo, pues el pasado mes de febrero concluyó con 4.247 canarios más que pasan a la larga lista del paro, superando los 283.000 desempleados. Lo que evidencia a todas luces que esta sangría laboral debe contenerse lo antes posible y en esta ardua tarea el Estado no puede permanecer impasible, ya que en gran parte, de su ayuda depende que podamos mantener nuestras constantes vitales. 

El Gobierno central ha puesto en marcha un nuevo paquete de ayudas dirigido a las empresas de los sectores más castigados por esta crisis, por lo que se dibuja una excelente oportunidad para que Canarias disponga de un apartado específico dirigido a frenar esta hemorragia de paro, pobreza y exclusión social. Ahora bien, mientras estos recursos no sean una realidad, no podemos permanecer inmóviles.

La incertidumbre que nos deja la pandemia precisa de actuaciones a todos los niveles que pongan algo de serenidad, y es por ello, que los representantes públicos tenemos que aunar los mayores recursos posibles para encarar estos altos índices de pobreza y paro, que actúan como un muro de contención ante la tan ansiada recuperación económica. Algo que hemos hecho en La Gomera, donde esta semana anunciamos la disposición de 29 millones de euros de fondos propios destinados a un Plan Extraordinario de Inversiones que esperamos que sirva de gran impulso a nuestra economía insular. 

No se trata de inyectar dinero sin obedecer a arbitrio alguno, al contrario, estos recursos cumplen con el propósito de fomentar el tejido productivo, el bienestar social y la economía circular, a partir de los que se desarrollarán más de un veintena de proyectos. Es una propuesta realista y comprometida con la isla para avanzar con paso firme en el desarrollo social, económico y medioambiental, lo que revertirá en la mejora de los servicios públicos e infraestructuras, logrando nuestro principal objetivo: minimizar las secuelas que deja la pandemia. Estas medidas no las hemos puesto sobre la mesa a golpe de varita mágica, son acciones realistas que responden a nuestro compromiso con la ciudadanía. No somos brujos pero tenemos el deber de buscar soluciones que a algunos les parecerá cosa de magia.