Tras el acto de constitución el pasado sábado de los ayuntamientos, nada parece más apropiado que hablar hoy de nuestros municipios. Los alcaldes han sido por tradición los políticos más cercanos y han disfrutado de un estatus similar o superior al de maestros o sacerdotes. En el caso de La Gomera, la casilla cero de las corporaciones locales se sitúa a principios del siglo XIX. El Antiguo Régimen languidece y con él la centralización que ejercían los cabildos. Las figuras de los alcaldes pedáneos, diputados del común o síndicos desaparece y en su lugar surgen ayuntamientos.

Frente a los seis municipios actuales, La Gomera llegó a contar con ocho: Agulo, Vallehermoso, Arure, Chipude, Alajeró, Jerduñe, San Sebastián de La Gomera y Hermigua. Jerduñe estaba situado al sur de la Isla, Chipude se repartía entre lo que actualmente es Valle Gran Rey y Vallehermoso y Arure ocupaba gran parte de lo que hoy es Valle Gran Rey. En 1850, Jerduñe es anexionado por San Sebastián y Chipude entra a formar parte de Vallehermoso. Arure logró mantenerse como Ayuntamiento tres décadas más. El entonces alcalde percibió que el futuro estaba en la costa y por ello decidió trasladar el centro del municipio a La Calera.

Durante la República, y gran parte del franquismo los alcaldes eran elegidos entre maestros o médicos, por su formación y el respeto que despertaban entre los vecinos. Pero apenas duraban en los cargos ya que rápidamente eran enviados a nuevos destinos. Entre el grupo de profesores que fueron alcaldes estuvo Natividad Artieda, conocida como doña Nati, que en 1933 se convirtió en la primera mujer en ocupar este puesto en la Isla.

El franquismo transcurrió en La Gomera igual que en el resto de España: en blanco y negro. Hasta el último estertor de la dictadura los cargos municipales eran impuestos. Pero con la democracia llega la época dorada de los ayuntamientos, como instituciones más cercanas al ciudadano.

El acto de constitución celebrado el pasado sábado, supone la entrada en una nueva etapa. Gran parte de la Isla estará gobernada durante los próximos años por una fuerza política recién constituida; la Agrupación Socialista Gomera (ASG), en la que se mezcla la veteranía y la renovación. Con el Cabildo la sintonía será absoluta ya que nuestra lista también fue la más valorada por los ciudadanos. No menor es el logro de contar con tres diputados en el Parlamento canario. Tenemos pues la posibilidad de hacer valer nuestras propuestas, que son las de los gomeros, en distintos niveles institucionales.

Parece claro que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad marcará el devenir de las administraciones locales. El texto regula competencias, sueldos, cargos y regímenes de dedicación exclusiva o parcial, teniendo en cuenta el número de habitantes. El texto nace con vocación de permanencia pese a surgir de una situación extraordinaria: la crisis económica que ha puesto a prueba el concepto que hasta ahora existía de las administraciones públicas.

El objetivo es incidir en principios como sostenibilidad y racionalización y aumentar el control de las instituciones. Ahora que parece haber pasado lo peor de la recesión debemos tener la suficiente claridad de mente como para no volver a caer en los mismos errores. Cuando más arreciaba la crisis se llegaron a plantear teorías que aplicadas a La Gomera supondrían la desaparición de los ayuntamientos. Una medida que como mínimo debe ser muy meditada en una Isla en la que sus habitantes tienen un alto grado de identificación con su realidad histórica o sentimental inmediata.

Desde el Cabildo apostamos por la colaboración con los ayuntamientos en un plano de igualdad. Por ejemplo, en la gestión integral de la recogida de basuras. Los estudios elaborados apuntan que con la aplicación de una tarifa única nos podríamos ahorrar hasta 600.000 euros. Cantidad que bien podría destinarse a la mejora de otros aspectos de este servicio. La experiencia nos enseña que debemos seguir avanzando en la clarificación del papel competencial de cada institución. Y en la definición de los recursos que están en nuestras manos y que servirán para atender las necesidades de los vecinos. Fin y principio de cualquier gestión pública que se precie.