Como he señalado en distintas ocasiones no sólo nos encontramos inmersos en una profunda crisis económica y social. Padecemos, también, una enorme crisis política e institucional, forjada en los escandalosos casos de corrupción, la injusta salida de la crisis, el impresentable incumplimiento de los programas electorales y la falta de transparencia y control ciudadano sobre la actividad que se desarrolla en ayuntamientos, cabildos o parlamentos. Un conjunto de circunstancias muy negativas que contribuyen a la creciente desafección sobre la política que reflejan todos los estudios sociológicos y que ponen en riesgo a la propia democracia.

 

Es imprescindible conseguir una mayor calidad de la vida democrática. Y ello pasa por numerosas actuaciones en diversos ámbitos. Planteando modificaciones en los sistemas electorales; algo evidente en el caso canario, con una muy desequilibrada distribución de diputados entre las islas y las barreras electorales más restrictivas e injustas de España y Europa. Potenciando instituciones más abiertas y eficaces que den respuesta a la ciudadanía. Reformando a los partidos para que sean auténticos instrumentos de participación y transformación social.

 

Favoreciendo las iniciativas ciudadanas, en vez de bloquearlas o adulterarlas, como ha sucedido con varias leyes de iniciativa popular. Haciendo más transparentes las instituciones y la financiación de las campañas electorales (estableciendo límites estrictos en los gastos) y de los partidos políticos. Impidiendo, por ley, la condonación por parte de la banca de la deuda contraída por los partidos políticos, a la que algunas formaciones se han acogido.

 

O estableciendo consultas ciudadanas en temas, de distinta relevancia, que surgen a lo largo de una legislatura y que pueden y deben ser sometidos a referéndum como ocurre en Estados Unidos o en Suiza; como debió hacerse en la reforma constitucional que establece como prioridad absoluta el pago de los intereses de la deuda pública a la banca.

 

Balance

En ese marco de más y mejor democracia se inscribe nuestra periódica publicación del balance del trabajo de Nueva Canarias en el Parlamento en esta VIII Legislatura. Tarea en la que hemos tratado de combinar distintos compromisos. En primer lugar, la defensa de los contenidos del programa electoral con el que concurrimos a las elecciones de mayo de 2011. En segundo lugar, la labor de control de la acción del Gobierno que nos corresponde como grupo de la oposición; y que intentamos siempre que sea rigurosa, constructiva y alternativa. Y, en tercero, dando voz a distintos movimientos y colectivos sociales para que sus reclamaciones lleguen a la Cámara canaria.

 

A pesar de ser un pequeño grupo en el Parlamento de Canarias, el cuarto en número de escaños, nuestra actividad ha sido muy intensa. Lo es en el plano cuantitativo: el grupo Mixto aparece con 1.612 iniciativas, el 18% del total de iniciativas presentadas. De ellas, el 90,1% corresponden a las presentadas por Nueva Canarias a través de sus dos diputados (Román Rodríguez, 1.119; y Carmen Hernández, 334). Por tanto, suponiendo sólo el 3,3% de la Cámara (60 diputados) nos corresponde el 16,4% (1.452) de todas las iniciativas impulsadas por los parlamentarios en estos dos años de legislatura.

 

Reforma electoral

En el último año hemos presentado una proposición de ley para reformar el sistema electoral, pendiente de debate en el Parlamento. Así como argumentadas enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Canaria de 2013, acompañada de las posteriores 58 enmiendas parciales; además de las 24 enmiendas al articulado del proyecto de ley de Renovación y Modernización Turística, ley que persistimos en su mejora a través de una iniciativa legislativa del Cabildo de Gran Canaria. O la declaración unánime del Parlamento a la prioridad de la carretera de La Aldea. Impulsando, por otra parte numerosas iniciativas dirigidas a nuestro sector primario, que atraviesa una situación crítica.

 

Igualmente, nuestra insistencia y nuestras iniciativas han obligado al Gobierno a actuar ante problemas tan graves como la pobreza y la exclusión social, la defensa de los servicios sociales, la lucha contra las listas de espera sanitarias, la respuesta a

las reivindicaciones de las plataformas Stop Desahucios, así como las preocupaciones sobre el futuro de la Escuela de Actores, entre otros.

 

Considero que nuestra presencia en el Parlamento canario le ha dado a éste mayor pluralidad y posibilitado la representatividad de una parte de la sociedad canaria que quedó excluida en anteriores ocasiones. Entiendo que es un deber con los votantes, con el conjunto de la sociedad y con la democracia nuestra rendición de cuentas del trabajo realizado, plasmada en esta memoria del segundo año de actividad a la que se puede acceder en el siguiente enlace:  http://bit.ly/1bEV6gu Así como reitero nuestra convicción de que es necesario estar abiertos a las opiniones y sugerencias de las personas o colectivos que quieran dirigirse a nosotros.