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viernes, 29 de marzo de 2024 00:00h.

Jesús Ramos pide mayor implicación del Gobierno para garantizar la seguridad en las playas

Jesús Ramos destacó que, frente a los numerosos requisitos que están obligadas a cumplir las piscinas de uso público, existe hoy en Canarias una regulación bastante más benevolente con las playas. 

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“Es imprescindible la colaboración entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones municipales para garantizar la seguridad en las playas”, declaró Jesús Ramos, diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG), ante el Pleno del Parlamento, donde reclamó más recursos y actualización de la normativa vigente.
 
Jesús Ramos destacó que, frente a los numerosos requisitos que están obligadas a cumplir las piscinas de uso público, existe hoy en Canarias una regulación bastante más benevolente con las playas. “Desafortunadamente, las medidas no son tan minuciosas y diversas en las playas, donde el volumen de agua es ilimitado, donde entran en juego las corrientes marinas, las mareas o la presencia de rocas entre otras circunstancias que aumentan el riesgo”, apuntó.
 
Insistió, además, en que “no se puede abandonar a los ayuntamientos a su suerte y que sean estas entidades las que gestiones todo lo relativo a la seguridad en las zonas de baño costeras”. Por el contrario, abogó por dotar a las corporaciones locales de los medios necesarios para poder mantener la seguridad de los bañistas.
 
El diputado recordó que Canarias tiene un territorio con 1.500 kilómetros de costa y aludió a las “demoledoras” estadísticas, en las que se apunta que hay un muerto por ahogamiento en playas cada 5 días – el martes se registró el último suceso en Valle Gran Rey-. “No es de recibo que asignemos la gestión del litoral sólo a los ayuntamientos”, insistió antes de apuntar también que el archipiélago es un destino turístico mundial y recibe más de 13 millones de visitantes al año.
 
“Sin embargo – añadió -, no contamos con una normativa que regule las medidas mínimas de seguridad y protección en nuestras playas, tras la paralización del Decreto 98/2003. La controversia con los municipios y la falta de crédito presupuestario nos ha llevado a esta situación que debemos corregir”, concluyó.