“Es absolutamente deleznable que empresas públicas especulen con la pobreza de familias canarias”, subrayan consejeros del Grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife Fernando Sabaté y Julio Concepción tras la reunión que mantuvieron ayer jueves 7 de octubre con representantes de la recién constituita Plataforma de Afectados Visocan San Matías, la cual representa a más de 40 familias que temen ser desahuciadas y que sus avalistas sufran embargos por no poder hacer frente al alquiler de los pisos sociales que ocupan en un edificio del citado enclave de La Laguna.

Lo más escandaloso, reseña, es que esos posibles desahucios y embargos “no vengan de la banca ni de particulares, sino desde el propio Gobierno de Canarias a través de su empresa pública de vivienda Visocan”.

Tras escuchar el relato de los representantes de esta plataforma y examinar algunos de sus contratos de alquiler, los consejeros de Podemos manifiestan estar “totalmente escandalizados con las irregularidades y abusos que estaría cometiendo la empresa pública de vivienda del Gobierno de Canarias con estas familias desfavorecidas entre las que hay gran cantidad de menores”. Alertan en ese sentido de que la cuantía de muchos de esos contratos de alquiler “además de ser abusiva, es ilegal”. A familias con ingresos de entre 356 y 440 euros “se les reclama hasta 350 euros de alquiler cuando la legislación vigente concreta que el importe de los alquileres sociales no debe superar el 12 por ciento de los ingresos de sus beneficiarios”.

Sabaté y Concepción han ofrecido a los afectados asistencia jurídica para estudiar irregularidades como esa y como la de que los contratos de alquiler ratificados por Visocan fueran condicionados a la firma de avalistas solidarios de los beneficiarios de los pisos, “pues ahora que a muchas de estas familias se les ha agotado la prestación por desempleo, sus avalistas corren riesgo de embargo”.

Los representantes de Podemos en el Cabildo también se han comprometido a trasladar al consejero de Vivienda del Cabildo de Tenerife estas y otras irregularidades relacionadas con la supuesta percepción de subvenciones estatales a cargo de Visocan “pues aunque aún no están en funcionamiento la Oficina Insular por el Derecho a la Vivienda aprobada en pleno del Cabildo de Tenerife el pasado mes de julio a propuesta de Podemos, el caso es suficientemente grave como para que esta corporación se involucre con urgencia en este problema”.

La representación de afectados de Visocan en San Matías también se reunió con las consejeras del grupo parlamentario de Podemos Noemí Santana y Nati Arnáiz para explicarles la angustiosa situación que están viviendo ante el temor de verse en la calle o que sus avalistas sufran embargos. Durante la próxima semana habrá una reunión entre los cargos públicos de esta formación en el Parlamento de Canarias y en el Cabildo de Tenerife para coordinar las acciones a tomar en apoyo de estas familias.