Medio centenar de trabajadores de la empresa Naviera Armas se concentraron este lunes a las puertas de los juzgados de lo social de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria para mostrar su apoyo al presidente del comité de empresa de tierra, José Juan Santana, cuyo juicio por su segundo despido en la empresa estaba previsto celebrar durante la mañana. Sin embargo, el mismo ha sido aplazado para el próximo 23 de marzo.

Con la presencia en la concentración del secretario general de Comisiones Obreras Canarias, Inocencio González, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Pedro Costeras, los trabajadores mostraron su malestar por la reiterada actitud antisindical de una de las más importantes navieras europeas, cuyas relaciones laborales “son impropias de un país democrático”, según señaló Costeras.
A pesar de las garantías de protección que la legislación establece para las personas que ejercen la representación legal de los trabajadores, Naviera Armas mantiene desde hace tres años el despido del presidente del comité de empresa, al que despidió por dos veces, en marzo y junio de 2017.  El primer despido ya ha sido declarado improcedente, y el segundo estaba previsto que la vista judicial se celebrara este lunes, pero debido a una formalidad ha sido aplazada para el próximo día 23 de marzo, fecha en la que los trabajadores volverán a concentrarse frente a la sede judicial.

Apoyo de Unai Sordo

Los trabajadores, y especialmente José Juan Santana, han contado con el apoyo del secretario general confederal de CCOO, Unai Sordo, que ha realizado un video en el que califica de “indecente e intolerable la actitud antisindical de  la empresa con una utilización torticera y temeraria del sistema judicial y lo vamos a denunciar judicialmente, como ya estamos haciendo, socialmente y políticamente”.      
CCOO señala el presunto uso temerario de la justicia por parte de Naviera Armas para prolongar la situación fraudulenta de despido del presidente del comité de empresa. El primero de los despidos fue declarado improcedente en primera instancia en el Juzgado de lo Social y también, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Aun así la empresa lo recurrió ante el Tribunal Supremo, aunque su recurso ni siquiera fue admitido a trámite. Este periplo judicial, en el que la empresa es condenada a readmitir al representante legal de la plantilla, ha durado dos años y diez meses. Aun así la empresa no lo readmite alegando que despidió por segunda vez al presidente del comité de empresa y ahora, con el juicio que debía haberse celebrado hoy, comienza un nuevo ciclo judicial sobre el segundo despido en el que la empresa pretende seguir ganando tiempo.

El Gobierno no debe mirar hacia otra parte

“Estas actitudes autoritarias, más propias de otros tiempos ya pasados no pueden permitirse en una empresa como Naviera Armas”, afirma Pedro Costeras. “Una empresa de estas dimensiones podría y debería ser un ejemplo en el mundo de responsabilidad social corporativa empezando por respetar los derechos de los trabajadores y sus representantes, y no todo lo contrario”, añade. A su juicio, el Gobierno de Canarias debería dejar de apoyar con fondos públicos a una empresa “tan poco respetuosa con las libertades fundamentales como esta, y no debería mirar hacia otra parte ante la dimensión de estos intolerables atropellos”.