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domingo, 27 de noviembre de 2022 00:00h.

Gregorio Medina considera la Reforma de la Ley de Régimen Local como “auténtico retroceso democrático"

El Senador por La Gomera entiende que “detrás de esta iniciativa se oculta privatizar entre otros, los servicios sociales”
Gregorio Medina.-Senador del PSOE de la Gomera.

El senador del PSC-PSOE por la Isla de La Gomera, Gregorio Medina Tomé, considera que el anteproyecto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy sobre la reforma de la Administración Local “es un auténtico retroceso democrático que dejará a los ayuntamientos sin capacidad para ejercer sus competencias y devuelve a España a los años 70, trasladando a las diputaciones provinciales, cuyos miembros no son elegidos democráticamente por los ciudadanos, la capacidad de decidir, mientras los alcaldes electos, quedan supeditados a la voluntad de la propia Diputación e incluso a la del Secretario o Interventor del Consistorio”.

El Senador por La Gomera, apunta que,  el Gobierno del Partido Popular, debe abrir un amplio debate sobre esta Ley, que clarifique los esquemas de financiación municipal, las competencias, como se financiarán los servicios que asuman otras administraciones públicas cuando procedan de los ayuntamientos, y otras materias que en principio no están nada aclaradas en la iniciativa que ha sido aprobada en el Consejo de Ministros.

“Los Ayuntamientos –dice el Senador— se caracterizan por ser las administraciones públicas más cercanas al ciudadano y las que mejor conocen sus necesidades, por ello –señala—se hace preciso un amplio debate que lleve a ese consenso, antes de adoptar medidas que afectan a millones de personas en España, que pueden ver mermados los servicios y las atenciones básicas y elementales”.

Gregorio Medina considera que la Reforma es necesaria pero fundamentalmente para hacer una estructura local que evite duplicidades y permita ahorrar, sin perder eficacia, que deje claramente definidas las competencias municipales y garantice la


financiación que permita ejercer esas competencias. “Con el actual texto –señala—no se evitan duplicidades, ni se produce ahorro, ni se aclaran competencias municipales y ni mucho menos se garantiza su financiación, lo que se pretende es quitar competencias a los ayuntamientos como paso previo a la privatización de servicios como los de atención social”.

Según el Parlamentario, “la posición del PSOE respecto a la reducción de concejales y sus retribuciones, es muy clara, ya que los socialistas nos oponemos a la reducción de concejales y si promovemos la racionalización de sus retribuciones”.

En el primero de los casos de los 8.116 ayuntamientos que tiene España, 6.850 tienen menos de 5.000 habitantes y en todos ellos, los concejales o no cobran o cobran muy poco. La eliminación de concejales sólo provocará menos pluralidad y menos democracia en las instituciones, afectando además a los grupos minoritarios en los plenos municipales y restando participación ciudadana.

Con respecto a las retribuciones, el Senador apunta que se deben aplicar principios como los de la homologación, poniendo topes a los salarios, regulando los que trabajan en exclusividad y las dietas de los que continúan ejerciendo su profesión, además de regular el régimen de incompatibilidades para garantizar el principio de un político un salario.

Gregorio Medina considera que la Reforma mantiene la coexistencia de cuatro tipos de entidades locales junto al Municipio, que son las diputaciones provinciales, mancomunidades, comarcas y consorcios. “Por lo tanto no existe ninguna simplificación en esta propuesta de estructura local que pueda producir ahorro y se mantiene de paso igualmente el solapamiento competencial”.

Medina cree que “lejos de dar respuesta a la reivindicación histórica del municipalismo de que las competencias cuenten con la suficiente financiación, al final lo que se consigue con esta reforma es que las comunidades autónomas puedan decidir que un Ayuntamiento ejerza una competencia sin dotarle de la financiación correspondiente”.

Por último, el Senador gomero insta al Gobierno del Estado a que incorpore las especificidades que los ayuntamientos canarios necesitan en base a los acuerdos adoptados por la Federación Canaria de Municipios.