Como consecuencia de la crisis económica, la sociedad canaria pasa por un momento muy difícil. Lo ilustra, de manera muy nítida, la necesidad de abrir los comedores escolares durante las vacaciones de verano para evitar situaciones de hambre o desnutrición entre una parte de la población infantil, que son paliadas en los centros educativos durante el curso escolar. También el notable incremento, en los últimos años, de personas, los nuevos pobres, atendidas por los  ayuntamientos, Cáritas, Cruz Roja u otras instituciones.
 

Y, asimismo, lo confirman numerosos datos. El 34,27% de desempleo que recogía la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre. Esas 132.831 personas desempleadas que no perciben ninguna prestación económica. Las 151.200 que llevan más de dos años en paro. El 18,6% de los hogares que tiene a todos sus miembros sin empleo. El 17,8% de personas que vive en hogares con ingresos inferiores a 600 euros al mes. La tasa de pobreza, que alcanza el 33,8%,12 puntos por encima de la media estatal; O los 111.586 menores que se encuentran en riesgo de pobreza, según Unicef.
 

En medio de ese panorama tan sombrío, del sufrimiento de tanta gente desempleada, empobrecida o sin ingresos, los datos de un importante estudio confirman que Canarias es la segunda Comunidad peor valorada al medir el desarrollo de los Servicios Sociales.
 

Si en tiempos de normalidad los Servicios Sociales resultan imprescindibles para edificar y consolidar una sociedad justa, con altos niveles de equidad, capaz de atender adecuadamente a las personas que peor lo pasan, su papel es aún mucho más relevante cuando una parte significativa de la misma se encuentra en prolongada situación de desempleo y cuando aumenta la pobreza y la exclusión social. En el caso de Canarias, la evolución de los Servicios Sociales, en los últimos años, ha sido muy negativa, tras los avances experimentados a principios de siglo con la puesta en marcha de los planes sectoriales sociosanitarios y de atención a la discapacidad.
 

Informe demoledor
El último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales del conjunto del Estado -una organización profesional e independiente que hace un continuo seguimiento de la evolución de los Servicios Sociales y, especialmente, de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia-, correspondiente a 2012, es demoledor. Canarias es la segunda autonomía peor valorada en el denominado Índice de desarrollo de los Servicios Sociales, tras la Comunidad Valenciana, con 2,00 de puntuación en este índice, cuando País Vasco obtiene 7,35 puntos y Navarra 7,15.
 

Sus autores recuerdan que los Servicios Sociales “son competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas”. Sin embargo, reconocen que “existen pocos datos que permitan conocer la realidad resultante del desarrollo desigual que produce la práctica llevada a cabo por 17 Gobiernos autonómicos. Faltan instrumentos de medida para la valoración y la comparación”.
 

Esta es la razón esgrimida por la asociación para elaborar y aplicar un índice que intente valorar esta situación, que seguro es mejorable metodológicamente pero que aporta datos de interés. Lo realizan analizando tres grandes áreas de referencia que reflejan tres dimensiones esenciales en el desarrollo de todo Sistema de Protección Social, con el acrónimo DEC: D, de derechos y decisión política (hasta 2 puntos sobre la valoración global); E, de relevancia económica (hasta 3 puntos); y, por último, C, de cobertura de servicios a la ciudadanía (hasta 5 puntos).
 

Canarias, 2 puntos
La conjunción de los resultados alcanzados en cada uno de los tres aspectos definidos y de la puntuación total determina la calificación otorgada al desarrollo del Sistema de Servicios Sociales en cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con una escala que va de Excelente, cuando se obtiene 7,5 puntos o más, a irrelevante, cuando se obtiene la peor nota inferior a 5 puntos. Como ya señalé la puntuación que obtiene Canarias es de 2,00, recibiendo la calificación de “Irrelevante” en el desarrollo de los Servicios Sociales.
 

En los cuatro últimos años (2009-2012) el presupuesto de las CCAA en Servicios Sociales se ha reducido en más de 478 millones de euros, un 3,64%. En el caso canario la reducción alcanza el 18,51% (61 millones menos). Además,  en las cuentas públicas de Canarias para 2013 (no contemplados en el informe porque los datos son hasta 2012), el Gobierno vuelve a reducir la partida para los programas del área de acción social en 16,6 millones, un 6,3% menos. Especialmente sangrante es que el programa de “fomento de la inclusión social”, que financia la Prestación Canaria de Inserción (PCI), disminuye en 2,3 millones de euros; y la partida de apoyo, que se transfiere a los ayuntamientos para la gestión de la PCI, disminuye en 2,6 millones, una drástica reducción del 56,2%. Todo esto en medio de una situación en la que Canarias lidera todos los índices de pobreza del Estado.
 

Tras rechazar en el Parlamento la proposición no de ley, que planteó NC hace unos meses para la elaboración urgente de un Plan contra la Pobreza, el Gobierno ha presentado a los grupos parlamentarios la denominada Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y el Desarrollo Humano. Nos parece insuficiente y carente de compromisos financieros firmes. De hecho, uno de sus ejes, el Plan de Empleo Social, nace con 16,2 millones de euros, muy lejos de los 30 a los que se comprometió el presidente del Gobierno; y supone unos 1.600 contratos de seis meses, afectando a poco más del 1% de la población afectada. Por cierto, el Gobierno canario sólo pone unos 5 millones, el  resto los ayuntamientos. Por tanto, aporta mucho menos de lo que había anunciado, que eran 10 millones si los ayuntamientos ponían 20 millones.  
 

Bien distinto a lo que hace Andalucía en su decreto contra la exclusión: la Junta aporta 60 millones de euros en su plan de acción Social, de los que 40 son para el plan de empleo con corporaciones locales  y 20 se transfieren a los ayuntamientos para fortalecer la contratación de ayuda a domicilio (incentivando la contratación de mujeres desempleadas y necesitadas) y para hacer frente a la reducción que sufre la Ley de Dependencia por la bajada de la aportación estatal.
 

Sería muy simple cargar en una consejera toda la responsabilidad del mal funcionamiento de los Servicios Sociales y de la falta de respuesta ante los problemas de pobreza y exclusión social. Más allá de sus responsabilidades, que las tiene, se encuentran las del conjunto del Gobierno, su presidente y los partidos que le apoyan. La de unas políticas que, en un ámbito tan sensible, están naufragando por completo. En ese sentido, el debate parlamentario sobre la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, que se celebrará en julio no puede convertirse en otra venta de promesas y humo a la que tan acostumbrado está este Gobierno. La grave situación de pobreza y exclusión de Canarias precisa de acciones concretas y adecuadamente financiadas. Y no admite más dilación.