Acaba de finalizar un intenso año político marcado por los distintos procesos electorales, que han modificado el mapa institucional en numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos y que han dejado un Congreso de los Diputados fraccionado, sin mayorías claras y muchas incógnitas sobre la gobernabilidad tras las recientes elecciones generales.
La práctica totalidad de los partidos, tanto los estatales como los nacionalistas, ha rechazado rotundamente el cambio en el sistema de elección de alcaldes, aunque es cierto que el PSOE en su momento planteó debatir un modelo que también beneficiaba al bipartidismo.
El Gobierno de España no ha tenido en cuenta la voluntad mayoritaria de las instituciones de las Islas y de su ciudadanía.
Ahora, a sabiendas de que la mayoría absoluta del centralista PP impedirá que esa modificación se lleve a cabo, se activa la reforma estatutaria, en el último año de legislatura, como una pura escenificación de aparente voluntad de ampliación del autogobierno...
Planteamos, igualmente, el aumento de la partida para atender a las personas en situación de dependencia y el incremento de las destinadas a combatir la violencia de género.
Este es el más importante problema social de Canarias: y obliga a empresarios, sindicatos, partidos, instituciones y gobiernos a realizar todos los esfuerzos para superar esta grave situación, tomando decisiones que ayuden al crecimiento de la economía y a la generación de empleo.
Padecemos, también, una enorme crisis política e institucional, forjada en los escandalosos casos de corrupción, la injusta salida de la crisis, el impresentable incumplimiento de los programas electorales y la falta de transparencia y control ciudadano.
Tampoco es de ninguna utilidad persistir en una permanente confrontación entre líderes políticos, como la que hemos padecido en los últimos años, en la que las auténticas víctimas son las instituciones y los ciudadanos y las ciudadanas de las Islas.
El Gobierno estatal ha introducido un nuevo copago de determinados medicamentos de uso hospitalario, complejos y caros, que se recetan para tumores y otras graves patologías. Se trata de una auténtica crueldad, de una decisión deshumanizada que apenas produce ahorro a las arcas públicas.
Pese a la habitual propaganda gubernamental son inaceptablemente escasos los recursos que el proyecto de ley dedica a combatir la pobreza, menos del 2% del total.
Son tiempos difíciles para la política y para las instituciones democráticas, claramente cuestionadas por la ciudadanía en los distintos estudios sociológicos.
La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), celebrada los pasados 26 y 27 de junio, ha resultado decepcionante.