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El dueño de la explotación ganadera ya había sido sancionado en diciembre de 2018 por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, después de que en 2016 la Guardia Civil le denunciara no solo por arrojar cadáveres de animales al barranco, sino por verter los purines directamente a la zona de dominio público hidráulico.