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23:01h. Jueves, 20 de Septiembre de 2018

Comunidad Valenciana e Islas Canarias: los territorios donde reclamar una negligencia médica es más complicado

Ni las Islas Canarias ni la Comunidad Valenciana cuentan con seguro de responsabilidad civil/patrimonial, por lo que los pacientes que sufren una negligencia médica sólo pueden reclamar en vía administrativa.

Sin seguro de responsabilidad civil. Así viven los pacientes de la sanidad pública en la Comunidad Valencia y las Islas Canarias, autonomías que carecen de este tipo de seguros y que agravan, legalmente, las consecuencias derivadas de una posible negligencia médica. De la misma manera, el personal sanitario de ambas comunidades se ve también afectado debido a la falta de respuesta por parte de la Administración pública en caso de mala praxis.

En este sentido, reclamador .es, compañía online de reclamaciones, explica las principales consecuencias que implica la falta de seguros de responsabilidad sanitaria pública en estas comunidades y qué debe hacerse si se sufre una de ellas.

¿Cómo afecta a los pacientes la falta de un seguro de responsabilidad civil?

Al respecto, la compañía de reclamaciones online recalca la inseguridad legal a la que se enfrentan los pacientes valencianos y canarios debido a la falta de seguro. El proceso de reclamación de una negligencia médica no es sencillo en la gran mayoría de los casos, pero se torna todavía más complicado cuando la mala praxis se lleva a cabo en un centro de salud u hospital de estas dos comunidades.

El hecho de que estas comunidades autónomas hayan decidido no contratar un seguro de responsabilidad civil/patrimonial, conlleva que los pacientes solamente puedan reclamar por la vía administrativa, vía que está completamente saturada desde hace años y donde se tarda un tiempo excesivo en obtener una resolución que, además, no suele ser favorable a los intereses del perjudicado.

Además, en caso de conseguir el reconocimiento del derecho a ser indemnizado tras sufrir este largo proceso administrativo, también se dificulta el pago de la indemnización, ya que ha de ser realizado por la propia comunidad autónoma con cargo a sus presupuestos generales.