El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha apelado, este viernes, a que el Estado aplique una solución urgente sobre la tutela de los menores migrantes no acompañados. De esta manera, plantea que sea el Gobierno estatal quien asuma la responsabilidad de estos menores, independientemente de que se trabaje en cambios normativos que fijen cuotas obligatorias de acogida entre las Comunidades Autónomas.

“Si la cuestión migratoria es para el Gobierno de España un asunto de Estado, las soluciones a aplicar deben ir acordes a este compromiso. Canarias vive una situación insostenible desde el punto de vista general de la migración, pero respecto a los menores, no cabe esperar más tiempo”, apuntó. A día de hoy, son más de 4.500 los menores que se encuentran bajo la tutela de las instituciones de las islas.

Así, apremió al Gobierno central a asumir la competencia de manera directa y ágil esta situación, si hubieran dificultades para alcanzar una mayoría en el Congreso de los Diputados que permita establecer modificaciones en la Ley del Menor, norma que a día de hoy no contempla a menores en situación irregular.

Curbelo remarcó que la aprobación del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea “debe ser el marco para articular todas las políticas europeas que garanticen la solidaridad entre países”, no sin lamentar que durante este tiempo muchos de ellos han vivido de espaldas a esta crisis, y no haya existido una “estrategia común” para dar respuesta a las demandas planteadas.

Del mismo modo, insistió en reforzar los medios de vigilancia en las costas de Canarias, así como los efectivos de atención “que siempre son insuficientes, especialmente cuando recibimos diariamente un volumen significativo de migrantes en territorios con servicios limitados”, en relación a la isla de El Hierro.

Agregó que las medidas de solidaridad y refuerzo de medios “tienen que ir en sintonía” con una política exterior de cooperación, de forma real y bien dimensionada, con los países de origen, “sin cesar en el empeño de vigilar a las mafias que operan desde diversos puntos de la costa africana”.

Por último, adelantó que trasladará este asunto a la Federación Canaria de Islas, así como al Parlamento de Canarias, con el fin de analizar las posibles soluciones que desde el Gobierno de España se planteen, en cuestiones relevantes como la aplicación de nuevas normas, la modificación de las ya existentes, como la Ley del Menor; y la cooperación económica por los costes que supone la crisis migratoria, que ya superan los 104 millones de euros.