Buscar
jueves, 29 de febrero de 2024 00:00h.

ASG advierte que el teletrabajo en la Administración Pública tiene que salvaguardar la calidad del servicio al ciudadano

El portavoz adjunto de Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, explica que este modo de organización del trabajo es una necesidad, no un derecho de los empleados, y que, además, no se puede aplicar en todos los puestos, ya que hay tareas que solo pueden ser presenciales
ASG Melodie Mendoza Casimiro Curbelo y Jesus Ramos
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha advertido este jueves que el teletrabajo en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene que salvaguardar la calidad del servicio al ciudadano, que es la principal meta del sector público.
 
 
 
El diputado gomero aprovechó una comparecencia sobre esta materia, en el Parlamento, de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, para explicar que esta fórmula de organización del trabajo es una necesidad, no un derecho de los empleados públicos, y que, además, no se puede aplicar en todos los puestos, ya que hay tareas que solo pueden desarrollarse de forma presencial.
 
 
 
Jesús Ramos apuntó que el teletrabajo fue una necesidad en su momento, por la pandemia, y continúa siéndolo por las circunstancias de algunos trabajadores, conciliación familiar, por ejemplo, de ahí que, a su juicio, el decreto aprobado por el Gobierno canario en la pasada legislatura fue el adecuado, aunque ahora sea preciso hacer algunos ajustes, con el propósito de no perjudicar a la ciudadanía, que es a la que no se le puede fallar.
 
 
 
Con este objetivo, calificó de acertada la elaboración de un plan general de organización de los servicios, para fijar las tareas a desarrollar por cada trabajador y sus metas, así como que exista un control sobre ellas con el fin de ver su evolución y si esta fórmula de organización del trabajo tiene un resultado positivo.
 
 
 
Insistió en que corresponde al Gobierno de Canarias velar por que se cumplan una serie de requisitos y que no disminuya la calidad de los servicios a la ciudadanía.